Sin ninguna discusión de fondo en el plenario, los diputados aprobaron este lunes excluir de la regla fiscal a empresas públicas o instituciones autónomas con actividades comerciales, como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).
La lista también incluye al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y la Junta de Protección Social (JPS).
Estas instituciones ya no estarán sujetas al límite anual de crecimiento del gasto público, que para el próximo año se fijó en un 3,53%. El tope depende las condiciones económicas y de endeudamiento del Gobierno.
La exclusión solo se aplica a los recursos generados internamente por estas entidades y no incluye las transferencias recibidas del Gobierno Central.
Este levantamiento también involucra a entidades públicas no estatales, como el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), los colegios profesionales y el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop). Las universidades estatales también quedan exentas de esta norma en relación con los recursos propios que generen.
La iniciativa original, presentada por el Gobierno, fue modificada en la comisión de Haciendarios, donde se amplió para incluir a instituciones como los cuerpos de policía y el gasto financiado con el superávit acumulado hasta el 2023 del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
La votación final arrojó 44 votos a favor y 5 en contra. Los partidos que apoyaron la medida fueron el Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Progreso Social Democrático (PPSD), Nueva República (PNR) y el Frente Amplio. Los cinco diputados que se opusieron pertenecen al Partido Liberal Progresista (PLP).
Durante el proceso de revisión en comisión, los diputados descartaron la propuesta inicial de eximir del cumplimiento de la regla fiscal los gastos de capital del Gobierno y los intereses. Esta propuesta habría creado un espacio presupuestario de ¢140.000 millones para aumentar el gasto corriente durante el presente año.
Además, los legisladores de la Comisión de Hacendarios establecieron nuevos controles para las excepciones a la regla fiscal.
A partir de ahora, entidades como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), las empresas públicas no financieras como Recope y el CNP, así como la JPS, deberán presentar al Ministerio de Hacienda, durante el mes de mayo de cada año, los estados financieros auditados correspondientes al año anterior.
Este reporte deberá incluir detalles sobre el índice de solvencia, índice de liquidez e índice de apalancamiento financiero, lo que permitirá a Hacienda realizar una valoración integral de riesgo financiero en un plazo máximo de dos meses.
Además, se analizará la participación de las transferencias del Gobierno Central en los ingresos totales, la relación entre los gastos corrientes e ingresos corrientes, así como el límite de endeudamiento establecido en sus leyes constitutivas o leyes relacionadas.
En caso de que no exista una normativa específica al respecto, se establece un límite del 50% para el coeficiente de deuda sobre activos.
Ademas, el Inder deberá distribuir sus superávits en cuatro partes iguales anuales durante el período comprendido entre el 2024 y el 2027. Esta disposición se aplicará siempre y cuando la deuda pública alcance o supere el 60% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, a partir del ejercicio económico del 2028, el Inder estará sujeto nuevamente a la regla fiscal en su totalidad.