40 diputados aprobaron esta mañana en primer debate el proyecto de ley que revive el impuesto sobre las personas jurídicas, el cual oscilará entre ¢64.000 y ¢212.000 anuales dependiendo de la actividad de cada sociedad.
La votación se efectuó a las 11:35 a. m. y recibió apoyo principalmente de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio. Recibió diez votos negativos, entre ellos del Movimiento Libertario, la Unidad Social Cristiana (PUSC) y diputados de partidos evangélicos.
El tributo se cobrará así:
La iniciativa establece que deberán pagar el tributo todas las "sociedades mercantiles, empresas individuales de responsabilidad limitada, así como de toda sucursal de una sociedad extranjera o surepresentante, inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional en el mes de enero.
DESCARGUE el proyecto de impuesto a las sociedades anónimas
Se cobrará después de mitad de año y en forma fraccionada. Aunque se haya aprobado este lunes, en primer debate, el impuesto a las personas jurídicas no entraría en vigor sino hacia la mitad del 2017. Y una vez que entre a regir, se cobrará en forma proporcional a los meses restantes del año.
Es decir, si entrara a regir el 1°. de julio, por ejemplo, el Registro cobraría la mitad del monto establecido. Si entrara a regir en agosto, se cobraría un 42%.
A partir del 2018, el cobro sí será completo.
El tributo tomaría vida en el primer semestre porque, primero, irá a la Sala IV para una revisión de constitucionalidad, para lo cual los magistrados disponen de un mes.
Luego, deberá pasar el segundo debate, seguido de la firma del presidente Luis Guillermo Solís y la publicación en el diario oficial La Gaceta.
Después, el Gobierno deberá publicar un reglamento y, finalmente, la ley entrará en vigor tres meses después del mes posterior a la publicación del reglamento.
En el caso de las nuevas sociedades que se creen ante esa entidad, deberán cancelar el tributo en los primeros 30 días posteriores a su presentación en el Registro Nacional.
1.000 policías más. El proyecto establece que de los ¢42.000 millones que el Gobierno espera recaudar al año con este impuesto, el 90% irá al Ministerio de Seguridad.
Aunque la iniciativa prohíbe la contratación de personal y el pago de salarios con esos recursos, se aprobó que por una única vez que la Fuerza Pública tome recursos del tributo para contratar 1.000 policías y cubrir sus respectivos salarios.
Aunque el proyecto se vota este lunes 9 de enero, primer día de labores de los diputados a su regreso de vacaciones, el Ejecutivo no verá casi nada de esos dineros este año, pues luego del primer debate irá a consulta de constitucionalidad en la Sala IV y se le tiene que hacer un reglamento antes de que entre en vigencia.
Tal como lo establece el proyecto, la nueva ley entraría en vigor dos meses después de que esté listo el reglamento.
El impuesto a las personas jurídicas existió entre el 2012 y el 2015, pero la Sala IV lo declaró inconstitucional por errores en el proceso de aprobación en el Congreso. A la fecha, de esos periodos todavía hay 336.000 sociedades morosas.
La aprobación se produjo luego de que el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, declarara que estaba dispuesto a utilizar ¢25.000 millones del PANI, para financiar la contratación de policías, a pesar de que la Sala IV declaró inconstitucional ese traslado de recursos incluido en el Presupuesto Nacional del 2017. Él alegó que resolver el faltante de policías es urgente.
Según Mata, el país requiere de unos 18.000 oficiales y le faltan más de 3.000 para llegar a es cifra.
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Los que sí y los que no
Para votar en contra, cinco congresistas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que el 54% del impuesto lo tienen que pagar las sociedades inactivas. Según Gerardo Vargas, jefe de fracción del PUSC, eso convierte al tributo en "injusto y nada progresivo".
"Se ignora que el 80% de la morosidad del impuesto que estuvo vigente del 2012 al 2015 fue de sociedades inactivas, o sea, es un impuesto mal diseñado y condenado al fracaso por morosidad", dijo Vargas.
Fabricio Alvarado, legislador de Restauración Nacional, asegura que ese impuesto es un grave error, por cobrarle el gravamen a los que tienen una sociedad anónima y porque cree que el Gobierno no puede garantizar que el dinero sea aplicado "responsablemente a la lucha contra la inseguridad".
En cambio, en la bancada oficialista hubo satisfacción por lograr finalmente la primera de dos votaciones del proyecto.
"Este proyecto no solo representa más recursos para el Ministerio de Seguridad, sino que demuestra que en democracia las cosas se pueden discutir y, aunque haya intereses muy específicos, como los mostrados en el PUSC y el Movimiento Libertario, nuestro sistema nos permite llegar a la votación", dijo Marco Redondo, del PAC.
Los liberacionistas hicieron constante referencia a que la iniciativa pretendía revivir una iniciativa vigente durante el gobierno de Laura Chinchilla.
"Este es un gran logro para el país, pues los grupos que más tienen financiarán gran parte de los programas que alivien la inseguridad que los costarricenses vivimos todos los días", dijo la jefa del PLN, Maureen Clarke.