Este lunes, los diputados iniciaron la discusión de una reforma al Código Penal que busca restringir las condiciones para que las personas condenadas por delitos graves, por primera vez, accedan a libertad condicional.
La propuesta, presentada por la diputada socialcristiana María Marta Carballo, considera la posibilidad de conceder la libertad condicional cuando la persona haya cumplido las dos terceras partes de la pena, en vez de la mitad, como lo establece la ley vigente.
El proyecto de ley se refiere a individuos condenados por delitos como homicidio simple, homicidio calificado, violación, violación calificada, abusos sexuales, robo simple con violencia, robo agravado y secuestro extorsivo.
Durante la discusión, los diputados aprobaron una moción de ajuste que incluye también a los condenados por femicidios y delitos contemplados en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
La reforma modificaría el artículo 64 del Código Penal que permite a todo condenado solicitar al juez competente la libertad condicional cuando haya cumplido la mitad de la pena impuesta en sentencia ejecutoriada.
El cambio solo ampliaría el plazo para que el condenado reciba el beneficio; no cambiaría el proceso para que el Juez pida al Instituto de Criminología el diagnóstico y pronóstico criminológicos del penado y un informe en que conste si el solicitante ha cumplido o no el tratamiento básico prescrito.
Ese numeral también faculta al Instituto de Criminología para solicitar en cualquier momento la libertad condicional, si el juez hubiere denegado el beneficio cuando el reo lo solicitó.
Según indicaron Oscar Izquierdo, jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), y Pilar Cisneros, vocera de los diputados del gobierno, un acuerdo entre los jefes de bancada permitió aprobar la moción de ajuste al texto y enviarlo luego a consulta con la Corte Suprema de Justicia.
Según la diputada María Marta Carballo, estadísticas oficiales demuestran que a quienes más se les otorga la libertad condicional, en las actuales condiciones, es a personas que cometieron delitos por narcotráfico, violaciones, robo agravado y homicidios.
Agregó que su plan fue avalado en consultas por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General de la República.
Según dijo, se pretende enviar un mensaje claro de que los diputados aprueban leyes de mano dura contra el crimen, en un momento de alta inseguridad en las calles del país.