Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público reprobaron la forma cómo el gobierno de Luis Guillermo Solís gastó el Presupuesto Nacional del 2015.
El jueves, ese órgano aprobó por unanimidad un dictamen en el que se recomienda al plenario legislativo no avalar la liquidación presupuestaria de ese año que fue de ¢7,9 billones, un 16,5% más que en 2014.
Los integrantes de la comisión tomaron esa decisión luego de coincidir en que el Poder Ejecutivo no corrigió ninguno de los yerros señalados, año tras año, por la Contraloría General de la República.
En específico cuestionaron cinco aspectos. El haber financiado gastos corrientes con deuda por ¢1,1 billones-lo cual es prohibido-, y por registrar un incremento en la subejecución presupuestaria, la cual en el 2015 alcanzó los ¢468.103 millones, lo que representa un 52,1% más que en el 2014.
También, alegan una presunta desvinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo y el plan de gastos efectuado.
El cuarto cuestionamiento, es la ausencia de indicadores que demuestren la efectividad del gasto público, pues alegan que no existe un análisis de costo unitario de las actividades, bienes y servicios en que se consume el Presupuesto Nacional.
Mientras que el quinto esbozado es el reiterado pago de sumas de más en los salarios de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública.
No obstante, la decisión de los diputados solo es en una llamado de atención, pues no tiene ninguna implicación legal. Así lo reconoció el presidente de la comisión, Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana.
“Iniciaremos una mesa de trabajo con la Contraloría para buscar un proyecto (de ley) que logre solventar el problema prácticamente de impunidad que tenemos en materia sancionatoria en este país, ya que hoy en día, puede pasar casi cualquier cosa que el régimen que tenemos no permite sancionar”, expresó Redondo.
Comparecencias. De momento, el dictamen deberá discutirse en el seno del plenario, donde además serán llamados a comparecer los ministros de Planificación y Hacienda, Olga Marta Sánchez y Helio Fallas, respectivamente.
“Queremos que nos vengan a explicar qué han hecho para alcanzar si no la solución, al menos una atención idónea de esta recomendación de la Contraloría”, dijo Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN).
El verdiblanco agregó que si bien el hecho de haber reprobado la ejecución del Presupuesto no tiene ninguna consecuencia legal, sí tendrá implicaciones políticas, pues las observaciones del órgano contralor se tomarán en cuenta durante la discusión del Presupuesto para el 2017.
En el marco de ese debate, el verdiblanco González considera que se debe ser más riguroso en los gastos.
En ese sentido, el Movimiento Libertario presentó un nuevo proyecto de ley sobre empleo público, que buscar establecer un solo régimen de salarios e imponer topes mediante la creación de un manual general de puestos.