Diputados del PUSC, PLN e independientes mostraron anuencia a renunciar a los 500 litros de gasolina que reciben mensualmente, con presupuesto de la Asamblea Legislativa, siempre que la medida abarque a jerarcas de otros poderes de la República, principalmente a los magistrados judiciales.
El tema se volvió a colocar este lunes en el Congreso, en la Comisión de Gobierno y Administración, donde se votan mociones de revisión al proyecto de reforma al empleo público.
La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, y su colega frenteamplista José María Villalta pidieron en ese foro aprobar una moción para eliminar el artículo 5 de la Ley de Remuneración de los Diputados, el cual otorga una cuota mensual de 500 litros de combustible para uso discrecional.
Vega calificó de ofensa que un congresista con un salario máximo de ¢4 millones al mes “no pueda pagar su propia gasolina”, y se quejó de que una iniciativa suya para eliminar ese “privilegio” tenga más de dos años sin avanzar en comisión.
“Eso sí me parece ofensivo. Creo que nadie, por más que recorra el país de punta a punta una vez por semana, se gaste 500 litros de gasolina. Y si lo está haciendo, no está contribuyendo mucho con la descarbonización y debería cambiar el carro”, martilló la legisladora.
Ante esos señalamientos, Víctor Morales Mora, también diputado del PAC, dijo estar de acuerdo con eliminar el combustible a los legisladores; no obstante, consideró que la reforma al empleo público no era el proyecto para discutir ese asunto.
“Es un tema que requiere una discusión en otro espacio que no es de una moción aquí. Lo que correspondería es convocar a extraordinarias el proyecto suyo y me parece que en esa línea se tendría que avanzar. Sumo mi voz y mi firma para que el Ejecutivo pueda convocar”, respondió Morales.
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Rodolfo Peña, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y la independiente Zoila Rosa Volio, secundaron la opinión de Morales. De igual modo se manifestaron el liberacionista David Gourzong y el independiente Dragos Dolanescu.
No obstante, al momento de aclarar sus posiciones, Peña y Volio pidieron ampliar la discusión sobre las cuotas de combustible a otros jerarcas del Estado, entre ellos los magistrados del Poder Judicial, ministros y viceministros del Gobierno.
“No debe ser en este proyecto donde debe ir este tema. Debe ser en su proyecto y también agregar a magistrados que ganan ¢8 millones y que viven en el área del Valle Central y gozan de carro, gasolina y chofer”.
“Hay que revisar todos esos privilegios en todo el sector público. Yo me comprometo a revisarlo, pero coincido con el diputado Morales en que lo hagamos en la tesitura de su proyecto”, le respondió Zoila Rosa Volio a la rojiamarilla.
Peña, por su parte, aseguró que días atrás solicitó al presidente de la República, Carlos Alvarado, que convocara el proyecto de Vega, pero que también sumara otro de la liberacionista Franggi Nicolás si realmente quería “hacer las cosas bien”.
La iniciativa de Nicolás, dictaminada en julio del 2020 en la misma Comisión de Gobierno, pide reformar el artículo 238 de la Ley de Tránsito que concede el uso de vehículos discrecionales al presidente, vicepresidentes y ministros, y a magistrados de la Curte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Los mismo hace con los presidentes ejecutivos de las entidades autónomas, con los jerarcas de la Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República, Fiscalía General y Defensoría de los Habitantes.
También otorga uso de vehículos semidiscrecionales a los vicejerarcas.
Nicolás propone pasar de 122 vehículos discrecionales a 31, autorizando únicamente ese beneficio a la presidencia de los tres Poderes de la República, del TSE, a los vicepresidentes, ministros y jerarcas de la Contraloría, Procuraduría y Defensoría.
Ese cambio condicionaría el uso de estos vehículos al cumplimiento de las funciones propias del cargo, en vez del uso irrestricto de combustible, y de horario de operación y recorrido.
Dichas unidades hoy pueden portar placas particulares y se les permite evitar marcas visibles que los distingan como vehículos de uso oficial.
En cuanto a los presidentes ejecutivos y al resto de magistrados o funcionarios que hoy usan carros discrecionales, pasarían a usar vehículos semidiscrecionales.
Esos hoy son asignados a vicejerarcas de las instituciones y son sujetos a limitaciones de horario, uso de combustible y recorrido, pero pueden portar placas particulares y no tendrán marcas visibles que los distingan como vehículos oficiales.
Aunque los legisladores avanzaron en la línea de querer abrir esa discusión, el debate terminó siendo un choque entre Peña, Volio y Paola Vega.
Vega ya había aseverado que pensaba partirle un queque de aniversario a su proyecto, porque este no avanzó ni un milímetro en más de un año, pues lo señalaban de ser un texto hecho para la gradería o de los “pacfocas”.
Luego, dijo estar conmovida y con ganas de llorar de ver los cambios de opinión, pues asegura que el PUSC frenó el texto en comisión y Volio se había opuesto a su iniciativa.
Al respecto, el socialcristiano aseguró que llorarían juntos si el Poder Ejecutivo convocaba su proyecto y, especialmente, el de Nicolás.
Volio aclaró que no se ha opuesto a la eliminación del combustible a los legisladores, sino que pide incluir a los magistrados de la Corte que usan carros discrecionales, tienen asignado conductor y viven en barrio Escalante, San José o en el Valle Central.
“A algunos ministros se les debe revisar porque tienen que hacer giras, pero revisemos todo.
“Yo estoy de acuerdo con renunciar a la gasolina cuando también se arreglen los magistrados, se arreglen los ministros y viceministros que andan con carrazos, chofer que usted los ve sentado frente a la Corte para llevarlos a almorzar, qué le digo, a La Cascada o a la Esquina de Buenos Aires, porque ni siquiera eso caminan. Entonces no se vale”, finalizó la independiente.