Los diputados acordaron reducir a la mitad el receso legislativo de medio año que, generalmente, en tiempos de normalidad, se desarrolla durante dos semanas de cada mes de julio.
La decisión se tomó en la reunión semanal de jefes de fracción, confirmaron los jefes de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana, Luis Fernando Chacón y Enrique Sánchez.
De esta forma, las vacaciones de la Asamblea Legislativa se reducen de dos semanas a una. El descanso determinado comprendería entre lunes 6 de julio y el viernes 10 de julio.
Antes, estaba previsto que ese tiempo tiempo se prolongara por una semana más, como suele ocurrir cada año.
El acuerdo deberá ser sellado por el Plenario Legislativo la próxima semana, cuando se vote una moción al respecto.
Luis Fernando Chacón explicó que pesaron dos razones para acortar el receso.
Una de ellas es que la Asamblea Legislativa debe estar en disposición, el mayor tiempo posible, para tramitar proyectos de ley que aún siguen en agenda sobre la emergencia provocada por el nuevo coronavirus.
“Estamos esperando que el gobierno de la República nos envíe un nuevo presupuesto extraordinario en los próximos 15 días”, indicó el jefe del PLN.
La otra razón, agregó el liberacionista, se debe a que en setiembre habría un cierre técnico de una o dos semanas por el traslado de operaciones hacia el nuevo edificio legislativo, que queda cerca del actual.
Enrique Sánchez añadió que antes de tomar la decisión, los jefes dialogaron sobre la posibilidad de suspender todas las vacaciones legislativas de mitad de año.
“Sin embargo, se cambió la opinión entendiendo que muchas personas, porque no solo somos los diputados, sino todos funcionarios legislativos, quienes utilizan ese receso para coincidir con las vacaciones escolares de sus hijos”, dijo.
¿Qué temas están pendientes en la agenda legislativa?
Sánchez dijo que aún se debe aprobar un presupuesto extraordinario que enviará el Poder Ejecutivo. En ese plan se incluye un financiamiento para el bono Proteger. Se trata de ¢75.000 millones donados por el Instituto Nacional de Seguros (INS).
Además, se debe de concretar el giro, siempre vía presupuesto extraordinario, de ¢34.000 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) provenientes del crédito de $380 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Un presupuesto extraordinario que contenía esos rubros, así como amortización de deuda, fue rechazado por los diputados la semana anterior. La decisión se dio porque en el plan de gastos el Poder Ejecutivo debía incluir recortes en gasto público para enfrentar la pandemia, pero la propuesta fue insuficiente.
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En ese texto, el Ministerio de Hacienda presentó un recorte de ¢62.500 millones, de los cuales el 80% correspondía a la disminución en el pago de intereses por el canje de financiamiento interno por externo.
“Estaríamos esperando un tercer presupuesto extraordinario que incluya esos recursos y que, sobre todo, el gobierno dé señales de un recorte del gasto considerable en el Presupuesto Nacional”, añadió Chacón.
Sobre el traslado de la Asamblea Legislativa al nuevo edificio, ubicado a la par del actual en Cuesta de Moras, San José, los dos jefes calcularon que la empresa desarrolladora podría hacer entrega de las obras durante la segunda quincena de agosto.
Luego, se procedería al traslado durante el mes de setiembre.