En una decisión unánime, este lunes por la tarde, el Congreso aprobó en su primer debate el proyecto de ley que recorta las millonarias pensiones de los exdiputados o sus herederos y eliminó los aumentos anuales del 30% a esa retribución.
Se trata del expediente 19.184, que es una reforma al Régimen de Pensiones de Hacienda para Diputados, el cual está derogado desde 1992, pero aún tiene 230 beneficiarios.
La iniciativa hace dos reformas puntuales a ese extinto sistema jubilatorio: primero, fija un tope del monto de la pensión, de 10 salarios base (¢2.531.500); y segundo, elimina el fuerte incremento anual que beneficiaba a esos pagos mensuales.
De esta forma, 166 de los beneficiarios de esas pensiones verían reducidos sus pagos por retiro, que en algunos casos son de hasta ¢7 millones.
La iniciativa fue presentada en el Congreso por la legisladora y exministra de Trabajo Sandra Piszk, para quien es urgente ir reduciendo los gastos del Presupuesto Nacional.
“Las pensiones son, junto con los salarios públicos, el mayor disparador del gasto. Con este proyecto se rompe un privilegio que tenía un grupo específico de personas”, refirió Piszk.
El viceministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, dijo que no se ha calculado el ahorro para las arcas del Estado, pero reiteró que el Gobierno está a favor.
Sorpresa y aval. Entre los beneficiarios de ese régimen jubilatorio extinto están políticos como Bernal Jiménez, Rolando Laclé, Danilo Chaverri, Guillermo Malavassi, Álvaro Montero Mejía, José Fabio Araya (padre de Johnny Araya), Nautilio Monge Álvarez (hermano del expresidente Luis Alberto Monge), Claudio Guevara (padre de Otto Guevara), Humberto Vargas Carbonell y Jorge Luis Villanueva.
Para Vargas Carbonell, legislador en el periodo 1986-1990 con el izquierdista Alianza Popular, es una buena decisión.
“No moveré un dedo. Hay cosas que se vuelven privilegios inadmisibles. Antes tenía un tope, pero la Sala Constitucional lo eliminó”, añadió.
Danilo Chaverri, diputado en dos periodos (1982-1986 y 1990-1994), se cuestionó los criterios empleados en el plan y consideró que deben ser equitativos y sensatos, pues dijo que su pensión se debe a su carrera académica y a otros puestos públicos.
Jorge Luis Villanueva, legislador liberacionista en tres periodos (1966-1970, 1982-1986 y 1998-2002), estimó que tanto los diputados tienen derecho a rebajar la pensión, como los beneficiarios a presentar el reclamo contra esa iniciativa. Además, aseguró que su pensión, de ¢4,3 millones, es de las más bajas.