San José
Los diputados de la mayoría de fracciones enviaron a consulta a la Sala IV el proyecto de “Ley para desincentivar el ingreso de capitales externos”.
La promotora de la consulta, la diputada independiente Patricia Pérez, informó de que obtuvo más de 20 firmas de diputados que consideran pertinente que el proyecto sea analizado por los magistrados de la Sala IV ante posibles roces con la Constitución Política.
Entre los argumentos en los que los legisladores basan la consulta, dijo Pérez, están la ilegalidad de que el Poder Ejecutivo cree un nuevo impuesto para gravar los rendimientos de las inversiones provenientes del exterior, pues consideran que esa tarea la otorga la Constitución en exclusiva a los diputados.
Otro de los alegatos es que el plan no define bien ni el sujeto pasivo y ni el hecho generador del nuevo tributo.
También argumentan que resulta abusivo el aumento de hasta 15 puntos porcentuales en la tarifa de los impuestos para gravar los rendimientos de las inversiones de no domiciliados en el país.
La presidencia del Directorio Legislativo había definido este jueves para darle segundo debate y final al proyecto. No obstante, ahora la Sala IV tiene un mes para analizar los pormenores del expediente.
El proyecto fue presentado hace un año por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ante el ingreso masivo de capitales externos en diciembre del 2012, hecho que, según las autoridades, causó distorsiones macroeconómicas.
Para desincentivar el ingreso futuro de esas inversiones “golondrina” el plan propone gravar los rendimientos pagados a no domiciliados con incrementos en las tarifas de los impuestos aplicables, que podrán alcanzar los 30 puntos porcentuales.
Asimismo, obliga a los no domiciliados en el país a realizar un depósito del 25% de los fondos en el BCCR en la misma moneda en la que realizarán la inversión.
Esas medidas regirán por un plazo de hasta seis meses cuando la junta directiva del BCCR emita, por votación calificada de la mayoría de sus miembros, un acto de declaratoria de desequilibrio en la economía nacional.