Diputados de varias fracciones legislativas consideran que el presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza, debe separarse totalmente del proceso para hacer una recalificación salarial a funcionarios en un departamento del Congreso.
La recomendación de la Dirección de Desarrollo Estratégico Institucional es convertir los profesionales 2B del Departamento de Servicios Técnicos en “asesores parlamentarios”, con un aumento cercano a los ¢134.000 por cada empleado de esa dependencia.
Dos expresidentes del Congreso y colegas de Mendoza –quien tiene una plaza en propiedad en Servicios Técnicos– creen que el jerarca, en sus labores administrativas, está sujeto a la Ley General de la Administración Pública.
Luis Gerardo Villanueva, compañero de fracción de Mendoza y presidente durante el primer año de este periodo, dijo que “efectivamente la ley le impide estar en el proceso”, pues una recalificación podría significar un beneficio para el actual jerarca legislativo.
Otro expresidente, Juan Carlos Mendoza, cree que también es imperativo que Mendoza se separe de todo el proceso, y no solo de la votación final.
El lunes pasado, Mendoza indicó a La Nación que se inhibirá de la decisión sobre la recalificación, pero no del proceso.
“No puedo separarme de toda la discusión, porque yo soy responsable de lo que sucede en la Asamblea Legislativa. Debo estar enterado y pedir toda la información”, afirmó en aquella oportunidad.
Ayer, en el plenario, Mendoza dijo que no podría ser beneficiado de la recalificación, porque actualmente está fuera de Servicios Técnicos por ser diputado.
Labor de pensamiento. La directora de Servicios Técnicos, Gloria Valerín, explicó que la recalificación se pidió porque esa dependencia realiza una labor de pensamiento, y sobre sus empleados recae la responsabilidad de evitar errores en la formulación de las leyes.
El proceso para la recalificación lleva mucho tiempo en estudio, pues el acuerdo para auditar esa dependencia se dio en 2006. “El incentivo es para anclar a los asesores”, aseguró Valerín.
Esa auditoría pidió el estudio que determinó la recalificación y el aumento salarial.
Sobre la oposición al aumento expresada por ocho directores de otros departamentos, Valerín cree que es “vergonzoso que pidan la nulidad del acto, y que si el Directorio lo avala, entonces que a ellos también se les aplique”.