Los diputados aprobaron de forma unánime, este miércoles, una moción para solicitar al gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles “que tome todas las medidas jurídicas y diplomáticas a su alcance en la protección de la integridad física” del juez costarricense Sergio Ugalde Godínez, ante la orden de búsqueda y captura que Rusia emitió en contra.
El magistrado es integrante de la Corte Penal Internacional (CPI) y, como miembro de este órgano judicial, conformó el panel de juristas que ordenó el arresto del presidente ruso, Vladimir Putin, como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia.
Gilberto Campos, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), dijo al plenario legislativo que Godínez “es ejemplo de la democracia costarricense para el mundo” y que “valientemente ejerció su deber” frente a “presuntos crímenes de lesa humanidad”.
El parlamentario hizo un llamado a que “se abandonen estos mecanismos de persecución y extorsión, que lamentablemente implementa el Gobierno ruso, cuando no le satisfacen las decisiones que se toman en un cuerpo como la (CPI)“.
Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), también levantó la voz para solicitar la intervención del Poder Ejecutivo, a fin de “salvaguardar la integridad de un compatriota”, al tiempo que respaldó la actuación de Ugalde, por estar apegada a los principios del derecho internacional.
Igualmente, los congresistas expresaron su apoyo “resoluto y firme”, tanto a la CPI como al juez costarricense, en su “misión de lucha contra la impunidad por la comisión de los peores crímenes contra la humanidad y por velar por las víctimas de esos crímenes”.
Finalmente, la Asamblea Legislativa deploró “la persecución de la Federación Rusa contra los oficiales electos de la CPI.
Ugalde Godínez, de 52 años, fue designado juez de la CPI el 21 de diciembre del 2021, en Nueva York. Compitió con otros 18 aspirantes y obtuvo el respaldo de 87 votos de 123 posibles.
Elizabeth Odio Benito fue la primera primera costarricense en integrar el órgano internacional, entre los años 2003 y 2012.
Posibles motivaciones de Rusia
Rusia no es miembro de la CPI; sin embargo, la amenaza de detención, producto del fallo del alto tribunal, obstaculiza los viajes internacionales de Vladimir Putin, explicó la agencia de noticias AFP.
En agosto, por ejemplo, no asistió a la cumbre de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en Sudáfrica y, en setiembre, no asistió a la cumbre del Grupo de los Veinte (G20) en India.
Anteriormente, Rusia había emitido el mismo requerimiento legal contra el presidente de la CPI, Piotr Hofmanski; su vicepresidenta, Luz del Carmen Ibáñez Carranza; el fiscal jefe, Karim Ahmad Khan y otros tres jueces de la instancia judicial internacional: Bertram Schmitt, Tomoko Akane y Rosario Salvatore Aitala.
Los delitos por los que Putin es acusado, habrían ocurrido al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, señaló la CPI, que considera que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.
Estas acusaciones son rechazadas por Rusia.
La CPI tiene su sede en La Haya, Países Bajos; su autoridad es reconocida por 123 Estados. Es un tribunal de último recurso, que permite la justicia para los crímenes internacionales graves cuando las autoridades no actúan en los países donde se cometen severos delitos como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.