Los diputados avanzan con una reforma constitucional que permitiría a los partidos políticos cobrar la deuda política sin tener que comprobar los gastos de campaña ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El principio de comprobación del gasto se ha aplicado durante los últimos 72 años, pero los legisladores tienen en sus manos un texto para derogarlo mediante la eliminación del inciso 4 del artículo 96 de la Constitución Política, sobre el financiamiento partidario.
El inciso dice así: “Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones”.
Sin este principio, ya no existiría fundamento constitucional para exigir a los grupos políticos demostrar que incurrieron en un gasto de campaña, a fin de acceder al aporte público.
Para las elecciones del 2022, por ejemplo, ocho partidos ganaron el derecho a repartirse ¢19.800 millones, siempre que comprueben haber incurrido en gastos.
En el pasado, han existido casos comprobados de agrupaciones que fingieron gastos, como ocurrió con los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Movimiento Libertario (ML).
El PAC simuló contratos de servicios especiales y el segundo, capacitaciones, lo que conllevó sanciones penales para dirigentes y cobro de indemnizaciones para las agrupaciones. Además, hay casos bajo investigación, como vallas publicitarias del Republicano Social Cristiano (PRSC) que, al parecer, fueron falsas.
No obstante, investigaciones de este tipo ya no tendrían sentido bajo la lógica de la reforma constitucional que impulsan los diputados.
Este 9 de marzo, los diputados crearon una comisión especial que procura dictaminar la reforma, que se tramitará bajo el expediente 20.117, en el próximo mes de abril, para que los futuros diputados continúen con el trámite.
Esta comisión será presidida por la diputada Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC). Además, la integran Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional (PRN); Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN) y José María Villalta, del Frente Amplio (FA).
La comisión envió el texto al TSE para que este emita un criterio sobre la conveniencia de la propuesta, la respuesta de los magistrados se dio este 22 de marzo y será vista en la primera sesión de esta comisión, que se realizará el próximo martes 29 de marzo.
“El TSE no se opone a la eliminación, porque reconoce que es una decisión del legislador la modificación de la lógica de administración de la contribución. Sin embargo, de la revisión de las actas del debate en la etapa de admisibilidad, identificamos el interés de las fracciones de mantener el principio de comprobación del gasto. Llevaremos esa intención y debate a la comisión”, reconoció la congresista Guido.
Esta propuesta fue presentada a la corriente legislativa en el año 2016. En ese momento, tuvo el apoyo de los entonces parlamentarios Antonio Álvarez, Fabricio Alvarado, Mario Redondo, Patricia Mora, Otto Guevara, Natalia Díaz y Gerardo Vargas.
Como se trata de una modificación a la Carta Magna, su proceso es distinto al de un proyecto normal; requiere que sea visto en tres legislaturas distintas; por esta razón, los actuales diputados deberán hacer los cambios en el texto que consideren pertinentes para que los próximos legisladores retomen el plan.
Adicionalmente, el plan rebajaría la deuda política de un 0,19% a un 0,11% del producto interno bruto (PIB). En los últimos procesos, los diputados han recortado la contribución mediante transitorios legales. Por ejemplo, para el 2022, se destinó el 0,08% del PIB.
La reforma también incluiría la figura de financiamiento indirecto, como transporte público gratuito para los votantes, la exención de impuestos a las donaciones, acceso a espacios en medios, impresión de planes de gobierno.
Este tipo de financiamiento estaría disponible para todos los partidos y sería administrado por el TSE.
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Diputados modificarían texto
Según explicó la diputada Laura Guido, la comisión aún no se ha reunido, pero consideran probable que se planteen y discutan cambios al plan, ya sea mediante un texto sustitutivo o por mociones de fondo. Para esta legisladora, es necesario que se mantenga la comprobación del gasto.
“El propósito fundamental es poder tener mecanismo de financiamiento que permitan que el Tribunal pueda tener un mayor control sobre proveedores y préstamos para ofrecer los servicios a los partidos políticos que así tengan derecho a usarlos. Esto cambia la norma de dependencia que hay en este momento de las contribuciones privadas para tener liquidez los partidos políticos.
“Es preciso que la iniciativa se ajuste para mantener controles de comprobación el gasto, para que se incorpore el concepto de racionabilidad del gasto también, cómo premisa, necesarios para los métodos de financiamiento indirecto como para los métodos de financiamiento directo”, expresó Guido.
Por su parte, el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, aseguró que desde la fracción del PUSC esperan poder efectuar algunas observaciones al actual texto.
“El proyecto sí nos parece que mejora la metodología del cálculo de la deuda. Es obvio que no debe ser permisivo a gastos no justificados”, aseveró Abarca.
El diputado Gustavo Viales dijo que el tema aún debe discutirse en reunión con la fracción liberacionista y con instancias partidarias, pero prevé que se emita un criterio respaldado por el PLN para hacer los cambios que se consideren pertinentes.
“Se debe permitir parámetros donde se pueda dar mayor fiscalización y recursos para generar un ahorro significativo, pero, además de los recursos que estén, que sean recursos bien implementados y justificados, de manera que Liberación Nacional va en esta dirección (…).
“Teniendo en cuenta el precedente (reducción de deuda política), la disposición para los recursos y generar mayor fiscalización, vamos a estar de acuerdo en ese tipo de dinámicas”, comentó Viales.
El legislador verdiblanco también hizo énfasis en que su partido ha buscado reducir la deuda política para cada proceso, siendo las elecciones de este febrero los comicios a los que menor porcentaje del PIB se destinó. Por esta razón apoyaría que se rebaje el monto de financiamiento establecido por la constitución.
“La Constitución política establece el financiamiento por la deuda política de hasta el 0,19% del PIB del periodo anterior a las elecciones, eso generalmente no se ha aplicado porque, vía ley, que también se autoriza en la propia constitución, se ha bajado a 0,11%, así aplicó para las elecciones nacionales del 2014, 2018, y en las municipales del 2016 y 2020″, afirmó.
Eduardo Cruickshank, del PRN, aseguró que considera que la reforma permite acercarse a las formas de financiamiento de los países más modernos, porque elevaría a rango constitucional la reducción del monto de financiamiento de partidos políticos, daría estabilidad a las agrupaciones y asignaría un valor económico al voto.
No obstante, este diputado indicó que cree que debe valorarse en la reforma debe hacerse una diferenciación en los tipos de gastos, para que los gastos mayores si deban ser comprobados, pero egresos menores se trabajen de forma similar a una “caja chica”.
“Se podría valorar si se mantiene la figura de la eliminación de la comprobación del gasto o si elimina la comprobación del gasto, como está en el proyecto.
“Muchas veces los Partido sufren mucha pérdida porque muchas veces gastan mil cólones y al final el TSE le admite solo ₡750 por razones de papelería, por ejemplo, o de una serie de requisitos que muchas veces son de difícil cumplimiento y al final termina a admitiendo (el TSE) un monto mucho menor del que han incurrido los partidos políticos. Me parece que se podría buscar una media en cuanto a ese punto”, aseveró Cruickshank.
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