Los diputados Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), propusieron este jueves un plan alternativo de reforma al empleo público.
En su columna vertebral, el texto no difiere mucho de la propuesta dictaminada esta semana en la comisión de Gobierno y Administración, de la Asamblea Legislativa, en cuanto a la aplicación del salario global.
Al igual que el otro proyecto, este nuevo podría generar un aumento súbito en el gasto público.
El nuevo plan establecería obligatorio el salario global para futuras contrataciones.
En cuanto a los empleados actuales, establece lo siguiente:
Para quienes ganen por encima del futuro salario global en su categoría, se congela el sueldo si no hacen el traslado al nuevo esquema, así como ocurre con el texto del Gobierno. Una vez que los alcance el nuevo régimen, pueden trasladarse o el salario solo solo se les actualizaría por costo de vida
“Eso permitiría que en el momento en que logren emparejarse sigan creciendo en la misma forma y ya no exponencialmente a partir de los componentes (pluses) del salario actual”, dijo Thompson.
En cuanto a los trabajadores que ganen menos, el plan ofrece la opción de que emigren voluntariamente al salario global en cualquier momento.
Si no se trasladan, cuando superen al global, se les congela automáticamente el sueldo y se les actualizaría por el costo de vida.
En ese tema, la nueva propuesta se parece al plan del Gobierno. Rubén Hernández, abogado constitucionalista, criticó la opción de traslado para quienes ganen menos, pues podría generar más gasto para el Estado.
“Los funcionarios que hoy devengan un salario menor al global, correspondiente a la categoría en que serán ubicados, se pasarán inmediatamente al nuevo régimen salarial porque devengarían más desde la entrada en vigor de la ley”, expuso el abogado sobre el texto del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, el planteamiento de los diputados mantiene el principio de negociación de convenciones colectivas, pese a las críticas que ha recibido la reforma planteada por Zapote que, también, mantiene ese espíritu.
“Nosotros creemos que el tema de convenciones colectivas está regulado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El artículo 55 y el transitorio 34 de esa ley establecen que no se pueden hacer convenciones colectivas que violen la ley existentes”, justificó Muñoz.
Tanto Rubén Hernández como el exdirector del Servicio Civil, José Joaquín Arguedas, han señalado que las convenciones colectivas en el pasado crearon nuevos pluses que hoy disparan el gasto.
Por tanto, sugieren eliminar ese principio de la reforma y prohibirlas expresamente.
En cuanto al Servicio Civil, la versión alternativa de los dos legisladores fortalece sus competencias y le resta atribuciones que le daba al Mideplán el texto dictaminado, pese a que esta cartera es la rectora de la materia de empleo público según lo estipulado por la reforma fiscal del 2018.
“La rectoría de toda la relación de empleo estatal está bajo la Dirección General del Servicio Civil”, reza el artículo 8 del plan de los dos diputados.
Pedro Muñoz dijo que su plan fue negociado con los sindicatos y con el sector privado.
Esta misma tarde el socialcristiano y el liberacionista le escribieron al presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, Fernando Faith, para poner a disposición la iniciativa.
La idea de los legisladores es que su texto se discute en el diálogo convocado por ese foro. Si el plan es finalmente presentado en la corriente legislativo, iniciará un trámite desde cero.