Una reforma legal que se encuentra a las puertas del primer debate en la Asamblea Legislativa, impulsada por el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), otorgaría facultades de policía al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
La modificación a la Ley del Sistema Nacional para la Calidad (SNC) que se encuentra en el plenario legislativo, en la etapa de reiteración de mociones, establecería que el MEIC podría ejecutar medidas cautelares en los comercios que incumplan con los niveles de calidad.
Con ello, dicha cartera podría “llevar a cabo acciones tales como el congelamiento, la suspensión, el retiro, el decomiso o la destrucción del producto, de conformidad con el respectivo reglamento técnico que lo regula”, según el artículo 60 de esa normativa en discusión.
Para Luisa Díaz, directora de Control de Calidad del Ministerio de Economía, eso no significa que se estaría creando una policía de control de calidad dentro de esa cartera.
“No se está creando una policía nueva. El MEIC hoy tiene, por la Ley de Protección al Consumidor, funciones de verificar en el mercado, de hacer inspecciones en el mercado, de que se cumplan los reglamentos técnicos que se emitan y que los productos cumplan con requisitos sanitarios, de etiquetado y calidad”, explicó la funcionaria.
Sin embargo, Díaz lamentó que cuando el departamento de Verificación de Mercado hace prevenciones, “no puede dar órdenes de retención de un producto”.
“Cuando se encuentran productos defectuosos que ponen en riesgo la salud de las personas, no se tiene la capacidad legal de retener el producto por seguridad o de decirle al comerciante que no puede vender esos productos, hasta que no corrija la situación”, añadió la directora.
Por esa situación, según Díaz, se le debe otorgar funciones de policía a dicho departamento: “Es una facultad para poder tomar ese tipo de medidas de prevención y protección al consumidor. Todo eso se hace desde el departamento de Verificación de Mercado del MEIC y el trámite resolutivo final le corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor. Ellos resuelven de manera administrativa diferencias de comerciantes, productores y consumidores”.
Aval de Cámara de Industrias
La propuesta que se discute en el Congreso cuenta con el apoyo de la Cámara de Industrias, de acuerdo con su director ejecutivo, Carlos Montenegro: “El proyecto de ley pretende dotar de mayores recursos al MEIC para fortalecer la vigilancia del mercado y retirar aquellos productos que no cumplen con reglamentos técnicos y representan una competencia desleal para la industria nacional que sí cumple con toda la regulación.
“Es similar a lo que realiza el Ministerio de Salud con los productos de interés sanitario o el MAG (Ministerio de Agricultura) con los productos de origen animal. Por tanto, no se está creando una policía en el MEIC, sino que se está fortaleciendo la verificación de mercados para actuar en defensa de la industria nacional que cumple con la normativa de calidad exigida y en beneficio de los consumidores”.
No obstante, la reforma no es del agrado del diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC) Pedro Muñoz, quien aseguró que el artículo 60 del proyecto estaría creando una nueva policía, en este caso, de control de calidad dentro de las oficinas del Ministerio de Economía.
“Tendrá facultades para ingresar donde sea, inspeccionar contenedores y destruirlos, tendrá derecho de entrar a puerto”, consideró el legislador e insistió en que ese numeral crearía más burocracia: “En realidad lo que viene es a aportar al gasto público. Si hay un producto de interés sanitario y Salud lo descubre, Salud lo atiende. En el contrabando está la Policía Fiscal que puede entrar a regular el tema”.
Otros cambios
Este proyecto de ley contempla otros cambios. El artículo 58 del proyecto, ordenaría que las instituciones públicas que realicen registros de sanitarios, fitosanitarios y de bienes, deberán reservar al menos el 20% del monto que reciben para labores de vigilancia.
Mientras, el numeral 59 establece que para garantizar el cumplimiento de las actividades de vigilancia, “cada institución pública deberá garantizar los recursos económicos necesarios en su presupuesto, a efectos de cumplir con sus competencias”.
Esas modificaciones forman parte de la reforma a la Ley N.º 8279 que fortalece el Sistema Nacional para la Calidad (SNC), que opera con una serie de métricas para medir la calidad de los productos y servicios.
“Eso pasa por metrología. Significa medir las diferentes magnitudes que refleje que una pastilla que dicen que es de 500 miligramos realmente los tenga. Que un medidor de velocidad que dice que alguien va a 100 kilómetros por hora verdaderamente sea así, no a 80 ni 120″, detalló Welmer Ramos, legislador del PAC, quien apoya la reforma.