El Gobierno y los diputados impulsan una moción para que las instituciones públicas nombren en propiedad las plazas que hoy son desempeñados por funcionarios interinos.

La idea está plasmada en el transitorio IX del proyecto de Ley Marco al Empleo Público, que ordenaría a las instituciones cubiertas por la reforma elaborar, en un año, un plan para realizar “los procedimientos necesarios” que permitan efectuar los nombramientos.

El transitorio solo se refiere a plazas vacantes usadas por interinos y no especifica alguna categoría. La ministra de Planificación, Pilar Garrido, sostiene que la norma solo aplicaría para vacantes que deben ser llenadas por concurso.

De acuerdo con la Dirección General del Servicio Civil (DGSC), solo en el Poder Ejecutivo hay al menos 7.537 puestos en esa condición.

Sin embargo, el transitorio abarcaría a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y sus órganos auxiliares o adscritos, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las instituciones autónomas como las universidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Asimismo, cubriría a las entidades semiautónomas, empresas públicas, las municipalidades y los consejos de distrito y sus empresas. No aplicaría para el Cuerpo de Bomberos y las empresas públicas en competencia como el ICE e INS que quedaron fuera de las principales regulaciones del proyecto.

Para la última revisión del texto en la Comisión de Gobierno y Administración, 11 legisladores, incluidos los ocho titulares de este foro, presentaron una moción para que el plan de nombramientos sea publicado en la plataforma digital de empleo público que administraría el Servicio Civil.

Al mismo tiempo, proponen que el procedimiento de contratación de propietarios se rija por el concurso de valoración de mérito y promoción interna contemplado en el artículo 26 de la reforma.

Asimismo, piden que tengan prioridad en la contratación aquellos servidores públicos interinos con un plazo mayor a los dos años en el puesto vacante.

La moción aún no ha sido puesta a discusión, pues apenas se han evacuado 101 mociones de ajuste de 474 presentadas en esta etapa al proyecto.

Diferencia entre interinos

La jerarca de Mideplán explicó que el transitorio y la moción de ajuste tratan de plazas enteramente vacantes con asignación presupuestaria, las cuales hoy están siendo usadas por interinos.

“Serán nombradas con base en concurso de valoración de mérito y su beneficio es estabilidad para las personas servidoras públicas. Tienen que nombrarse con base en la normativa presupuestaria de cada ejercicio anual y las posibilidades fiscales del país”, explicó la jerarca.

Aseveró que las plazas que deben ser llenadas no incluyen contrataciones por servicios especiales que tienen un fin y una temporalidad específica. Tampoco abarca a las plazas que sí tienen propietario y que, por alguna razón, están ocupadas por interinos de forma temporal.

Maricela Tapia Gutiérrez, directora del área de Desarrollo Estratégico del Servicio Civil, explicó que el transitorio se refiere a plazas de “vacante pura”, donde hoy trabajan interinos y que serían llenadas a través de un concurso.

Luis Fernando Chacón, jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), aseguró que hay instituciones públicas donde han abandonado los procesos de nombramiento en propiedad. En algunos casos, dijo, hay funcionarios con más de 20 años laborando como interinos.

De forma adicional, existen en el Gobierno otras 25.287 plazas vacantes usadas por interinos. A quienes laboran en esos puestos se les conoce como “interinos por sustitución”.

Tapia explicó que se les llama de esa forma porque estos son puestos con un propietario asignado, pero usados temporalmente por un interino, por ejemplo, porque el propietario fue ascendido temporalmente a otro cargo o porque tiene un permiso sin goce de salario.

Esa plaza queda reservada y se nombra a un interino mientras el propietario regresa. La ministra Pilar Garrido dice que estos interinazgos no entrarían en la reforma.

Víctor Morales Mora, presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, declaró que la reforma al empleo público también tiene la intención de resolver el problema de los interinazgos.

“En la administración pública hay muchas personas ocupando plazas de manera interina, de manera que el proyecto está plateando que, una vez aprobado, las instituciones tiene un plazo de una año para presentar un plan para reducir los interinazgos, para que las instituciones nombren en propiedad”, recalcó Morales.

Explicó que problemas con ese tipo de plazas son comunes en ministerios como el de Educación Pública (MEP) y que, además de ligar el transitorio con el proceso de calificación del mérito, la moción de ajuste le daría prioridad a quienes tienen más de dos años en el puesto.

“Si al final hay dos personas que tienen igual mérito y calificación, la experiencia de por lo menos dos años de la persona que ocupe esa plaza debería ser tomada en cuenta de manera prioritaria. Eso es lo que está planteando, no desaprovechar la experiencia que se ha acumulado por parte de la persona de manera interina”, agregó.

Morales, y el jefe de bancada del PLN negaron que la medida genere un impacto en las finanzas públicas. Más bien se trata de aplicar justicia, dijeron.

“El objetivo es poner orden, porque aquí no se trata de un tema de empleo público por un tema de finanzas públicas. Se trata de impulsar un proyecto que sea integral en materia del desarrollo del capital humano del Estado costarricense”, añadió Chacón.