La Comisión Especial de Cartago del Congreso dictaminó una iniciativa de ley que obligaría al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) a pagar las prestaciones laborales de 44 extrabajadores del ingenio azucarero Atirro, de Turrialba, luego de su quiebra.

El dictamen favorable fue respaldado por seis diputados provenientes de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN) y del bloque independiente Nueva República.

En tanto, Mario Castillo, legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), estuvo ausente durante la votación.

El texto, impulsado por la diputada liberacionista Paola Valladares y presidenta de la comisión, ordena a ese instituto estatal desembolsar ¢290 millones para pagar vacaciones, aguinaldo, horas extras, cesantía e intereses a los extrabajadores tras el cierre de operaciones del ingenio en el 2018.

Los legisladores alegan que los empleados quedaron en la “indefensión” al no tener certeza de quién asumirá las obligaciones, ya que su “patrono legítimo”, el Consorcio Agroatirro R.L, una cooperativa que fue financiada con recursos del Infocoop, entró en quiebra por problemas económicos.

Ese consorcio estaba integrado por las cooperativas Coopeatirro R.L., Coopeazucareros R.L., Coopecañita R.L. y Coopehumo R.L., así como por el Infocoop. Los diputados señalan ese vínculo asociativo del Instituto para atribuir responsabilidad del Estado.

De hecho, los empleados habían denunciado ante el Juzgado de Trabajo de Turrialba a los socios, incluido el Infocoop. El proceso se mantiene abierto.

Según el texto, el monto más bajo de una de las liquidaciones ronda los ¢834.000 y el más elevado los ¢36 millones. Las restante 42 oscilan en un rango entre ¢1 milón y los ¢11 millones.

Votaron a favor de la iniciativa los liberacionistas Valladares y Luis Fernando Chacón; el socialcristiano Pedro Abarca; Patricia Villega, del PIN; Xiomara Rodríguez, de Restauracion Nacional; y el fabricista Jonathan Prendas. Excepto Prendas, el resto son legisladores de Cartago.

Aunque el Infocoop afirma no ser patrono de los trabajadores y reconoce que el consorcio cooperativo quebró por mala gestión, está de acuerdo con que se le obligue a pagar las indemnizaciones mediante una ley.

De hecho, la Junta Interventora acordó, el pasado 27 de setiembre, respaldar en su totalidad el proyecto dictaminado. Lo hizo basado en recomendaciones de la Asesoría Jurídica.

En tanto, la diputada Valladares recordó que el instituto estatal fue intervenido por el gobierno en febrero del 2017, por aparente mal manejo en el otorgamiento de los créditos, entre los cuales figura uno por más de ¢5.000 millones otorgado a Agroatirro.

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“Al ser ellos parte de lo que fue el consorcio y tener cierta responsabilidad en lo que fue el mal manejo administrativo en dicho ingenio, sería como una forma solidaria que hagan un aporte para poder hacer el pago de esas personas que representan 44 familias”, afirmó Valladares al justificar su iniciativa.

La verdiblanca añadió que el cálculo de cada indemnización se hizo a través de un análisis con el Ministerio de Trabajo.

Destacó que el texto obligaría a formalizar la quiebra del consorcio en la sede judicial, a fin de que, “si existen otros incumplimientos contractuales, sean conocidos en dicho proceso”.

Por su parte, Abarca afirma que la liquidación del ingenio fue propiciada por el Estado. Así justificó su voto afirmativo al proyecto.

“Es un enredo que requiere que el Estado tome decisiones, no es por alcahuetear. Antes de asumir esta responsabilidad es bueno que se concreten responsabilidades penales y procesos judiciales que no están caminando. El problema está ahí, nadie resuelve, la zafra está en peligro, si no ha hecho nada el gobierno, la Asamblea tiene que resolver”, añadió el socialcristiano.

Abarca afirma que lo ideal sería que el dinero de las indemnizaciones saliera de la liquidación de las propiedades del ingenio.

Sin embargo, Gustavo Fernández, director ejecutivo a.i. del Infocoop, explicó que el dinero saldría de los recursos ordinarios de la institución.

Añadió que, si bien la Junta Interventora no puede reconocer que estas personas sean empleados de la institución, decidió respaldar el proyecto que les obligaría a pagar la indemnización por el problema social en el que se encuentran los extrabajadores.

"La valoración es que nunca han sido empleados del Infocoop. Han sido empleados de una organización privada donde el Infocoop participaba.

“Sin embargo, por otro lado, vemos la tragedia social, el problema de que Turrialba está atravesando por una situación laboral difícil (...). A la luz de eso, creemos que un proyecto de ley que le permita a ellos recibir el pago justo por las horas trabajadas. Es lo que corresponde”, declaró Fernández.

El director ejecutivo también recordó que el de Agroatirro fue uno de los casos que llevaron a la intervención de Infocoop y la posterior apertura de una investigación del Ministerio Público.

Alegó que hubo problemas de fiscalización financiera y de auditoría. “Nosotros creemos que esos son factores que incidieron que el ingenio entrara en crisis”, puntualizó.

El caso

Agroatirro, ubicado en la comunidad de Atirro, en Turrialba, era un ingenio que atendía a 500 productores de caña de los cantones de Turrialba y Jiménez.

Debido a los problemas económicos, desde finales del 2017 dejó de asumir sus obligaciones crediticias y, a inicios del 2018, tenía una deuda con el Infocoop que ascendía a ¢5.933 millones.

De esa cifra, ¢5.233 millones correspondían al monto del crédito inicial y ¢298 millones de intereses.

El resto se debía a ¢125 millones por participación asociativa del Instituto y ¢187,3 millones por concepto de coinversión.

Los problemas de pagos llevaron a la presidencia ejecutiva del Infocoop, en 2018, a ejecutar la garantía y en febrero anterior asumió en dación de pago los edificios, vehículos, maquinaria y otros vehículos del ingenio.

Tras esa liquidación, la deuda al 30 de setiembre anterior ascendía a ¢520 millones, según el Infocoop.