Los diputados de la comisión especial de reforma constitucional recomendaron limitar a 16 años el periodo total que una persona puede ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Así lo establecieron al dictaminar positivamente el proyecto de ley 21.612, que plantea una modificación al artículo 158 de la Constitución Política donde se establece el mecanismo para la elección de los 22 altos jueces del Poder Judicial, su periodo en el cargo y el proceso de reelección.
Actualmente, los magistrados propietarios son elegidos por periodos de ocho años y se consideran reelegidos automáticamente para periodos iguales cada vez que cumplan un periodo, a menos de que 38 diputados se pronuncien en contra. El esquema permite la reelección indefinida.
El proyecto de reforma, en cambio, establece que “podrán ser reelegidos por una única vez”, es decir, que en total podrían permanecer hasta 16 años en la magistratura.
Este plan fue rechazado por los magistrados de la Corte Plena, los cuales consideran que restringe la independencia que les otorga la Constitución frente a otros poderes de la República.
El expediente fue presentado en el 2019 por los entonces diputados Erick Rodríguez Steller, María Inés Solís, Rodolfo Peña (qdDg), Melvin Núñez, Erwen Masís, Aracelly Salas, Óscar Cascante, Dragos Dolanescu, María Vita Monge y Silvia Hernández.
La propuesta original también recomendaba cambiar el mecanismo de reelección, de manera que el magistrado hubiese requerido 38 votos a favor para continuar en el cargo.
No obstante, la mayoría de la comisión no estuvo de acuerdo con modificar los votos necesarios para la reelección, por lo que sugirieron mantener el sistema actual: la reelección sería automática, a menos de que 38 legisladores se opongan.
La presidenta de la comisión especial que analizó dicha reforma constitucional, Kattia Cambronero, del Liberal Progresista (PLP), explicó que el foro solamente puede sugerir una propuesta de modificación y no efectuar ningún cambio en el texto.
“Es importante esta modificación, como un primer paso para renovar todo el sistema de elección de magistrados; 16 años es un periodo suficiente para desarrollar el conocimiento necesario para una buena magistratura, pero también es necesario para renovar la línea jurisprudencial, cuando hay cambios constantes en las líneas jurídicas”, explicó.
Cambronero recordó que se han conocido públicamente casos de magistrados que, incluso, se duermen durante los juicios, o cuyas sentencias son copias de otras sentencias.
“Este es un primer intento por hacer una mejora sustantiva en el Poder Judicial, siempre respetando la separación de poderes”, enfatizó la diputada.
La congresista añadió que, desde el análisis realizado en la comisión, hay otra discusión relevante sobre cuáles deben ser los requisitos para ser magistrado y cómo llevar a cabo un buen proceso de selección para tener magistrados y magistradas del nivel técnico necesario, pero que se minimice la incidencia política.
Votaron a favor Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP); Leslye Bojorges, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Gilberth Jiménez, de Liberación Nacional (PLN), y Pilar Cisneros, del partido de gobierno.
Jonathan Acuña, del Frente Amplio, votó en contra, por “diversos criterios escuchados durante el trámite del proyecto, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), el Estado de la Justicia, el Foro de Justicia y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)”.
“Esta iniciativa no viene a resolver los problemas principales en materia de independencia judicial, porque estos están en el proceso de elección, que no se ha querido reformar hasta ahora, que pasa por una elección en la Asamblea sin criterios de idoneidad y donde se impone el poder político”, apuntó.
Acuña añadió que, primero, se debe arreglar el proceso de elección.
A finales de enero, la Corte Plena rechazó la propuesta de reforma constitucional, pues alegó que se trata de una propuesta regresiva en cuanto a la independencia judicial.
En criterio de los magistrados actuales, el sistema de elección vigente fue creado en la Constitución del 1949 para blindar al Poder Judicial de la incidencia de los demás poderes de la República.
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Como se trata de una reforma a la Constitución, se requiere la votación afirmativa de dos terceras partes de la Asamblea, es decir, 38 votos, para que se pueda aprobar en el Congreso.
La diputada Pilar Cisneros, integrante de la comisión, cree inconveniente que se perpetúen figuras en la Corte Suprema de Justicia y cree que se necesita un relevo generacional.
“También, recomendamos que los magistrados deban presentar un informe de labores al postularse para la reelección, pero solo como una recomendación, por el momento. Queremos trabajar en un proyecto para cambiar los requisitos para optar por una magistratura: edad, experiencia, postulaciones multisectoriales (universidades, Colegio de Abogados, Poder Judicial)”, comentó Cisneros.
Ahora, el dictamen sugerido por los diputados llegará al plenario, donde deberá ser discutido y aprobado por los diputados en tres debates, en una legislatura (un año legislativo, entre mayo de un año y abril del año siguiente), y de ser aprobada, pasará al Poder Ejecutivo para que este haga referencia a ella en su informe de labores al Congreso y luego sea aprobada en dos votaciones más, en el plenario.