Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Acción Ciudadana (PAC) negocian con la alianza de oposición un paquete de mociones que, de aprobarse, debilitaría el recorte a las pensiones de lujo que se propone en tres proyectos de ley.
Esos planes encabezan la agenda de trabajo del plenario.
Los expedientes que podrían modificarse son el 19.254, Ley Marco de Contribución Especial de los Regímenes de Pensiones, del Frente Amplio; el 19.661, Reforma a la Normativa de los Regímenes Especiales de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional para Contener el Gasto, del Gobierno; y el 19.310, Porcentaje de Cotización de Pensionados y Servidores Activos para los Regímenes Especiales de Pensiones, de la liberacionista Sandra Piszk.
Edgardo Araya, jefe de fracción del FA, indicó que las mociones gozan del respaldo de ocho de las nueve bancadas.
La excepción es la Unidad Social Cristiana (PUSC), que pidió más tiempo para analizar las modificaciones a los planes.
Menos rigor. En el expediente 19.254 las bancadas negocian sacar al Poder Judicial de la lista de regímenes a los que se les pondría un tope a las jubilaciones de lujo por encima de los ¢2,5 millones mensuales.
El argumento para dejar por fuera a la Corte es que los topes a ese régimen, por sus características, requieren de una negociación y un trámite distintos.
Pero, además, el FA, el PLN y el PAC, pretenden reducir los porcentajes del gravamen o “contribución especial solidaria”, que originalmente se propusieron para darles sostenibilidad a las pensiones del régimen de Hacienda y otros.
Por ejemplo, el plan original propone una tasa del 75% de esa contribución especial para las pensiones superiores a los ¢10 millones; de aprobarse así el plan, entonces, un jubilado que reciba ese monto pasaría a tener una pensión neta al mes de ¢5,7 millones y aportaría ¢4,2 millones para el régimen.
En el caso de una pensión de ¢15 millones al mes, su beneficiario recibiría ¢7 millones y aportaría poco más de ¢7,9 millones.
Pero, si se aprueba la moción, la deducción del 75% pasaría a un 40%, por lo que el pensionado que iba a aportar ¢4,2 millones daría solo ¢2,5 millones, y el que ayudaría a sostener su régimen con ¢7,9 millones contribuiría solo con ¢4,5 millones mensualmente.
Según Araya, es necesario “cruzar” el expediente 19.254 con el 19.310, que propone una cotización adicional de un 9% para los beneficiarios de los regímenes con cargo al Presupuesto, antes de concluir que su bancada desea resguardar las pensiones de lujo, aunque aceptó que no hay certeza absoluta de que el plenario vaya a aprobar ambas propuestas.
“Si se toma cada proyecto de manera independiente usted podría concluir que (hay) una flexibilización; pero si suma las deducciones de ambos proyectos la contribución se convertiría en confiscatoria y sería inconstitucional”, afirmó.
Álvarez acotó que los porcentajes de la contribución solidaria se ajustaron a lo que señalan varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por el país, donde se estipula que las deducciones a la pensión no pueden superar el 55% de esta.
“En lo único donde se puede señalar una flexibilización de la contribución es en la tabla de porcentajes (de la contribución especial del 19.254), pero la línea de la alianza de oposición es no flexibilizar nada, aún no hay mociones firmadas. Estamos negociando”, subrayó el jerarca.
El jefe de la bancada del PUSC, Gerardo Vargas Rojas, dijo que, este jueves, la negativa de su grupo a permitir la votación de los cambios a las iniciativas se debió a que no fueron parte de las negociaciones de las enmiendas que impulsan el PAC, FA y el PLN.
“Encontramos una reducción muy fuerte en el gravamen a las pensiones millonarias. Eso no es progresista ni progresivo, ni va con el espíritu original del proyecto 19.254”, puntualizó.
Vargas reclamó que el análisis de las mociones no fue hecho en profundidad ni con detenimiento en el resto de fracciones.