Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, aprobaron este martes, de forma unánime, un proyecto de ley que permitirá al Registro Civil anular la nacionalidad por naturalización de aquellas personas que hayan sido condenadas, con sentencia en firme, por tráfico de droga o lavado de dinero, ya sea en Costa Rica o en el extranjero.
El foro aprobó un texto sustitutivo y el dictamen afirmativo elaborado por la subcomisión a cargo del expediente.
La propuesta original solamente incluía una adición de dos párrafos al artículo 18 de la Ley de Adopciones y Naturalizaciones, para anular los procesos de naturalización por las razones señaladas e impedir que, mediante medida cautelar emitida por un juzgado, se suspenda la cancelación de la ciudadanía dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Sin embargo, a la iniciativa se le incorporó un nuevo inciso 4, al artículo 15, con el fin de excluir de los procesos de naturalización a quienes hayan sido condenados por delito doloso, con pena privativa de prisión superior a tres años en los últimos diez años, en Costa Rica o en el extranjero.
Tampoco podrán gozar de la ciudadanía costarricense las personas extranjeras que tengan procesos judiciales penales pendientes, “siempre y cuando la conducta ilícita sea reconocida como tal dentro de la legislación costarricense y el sujeto sea imputable.
Igualmente, la reforma permite a las autoridades ordenar la suspensión del trámite de naturalización, cuando la persona solicitante tenga procesos judiciales penales pendientes dentro y fuera de Costa Rica.
La gestión se reanudaría hasta que se cuente con una sentencia firme y definitiva ordenada por los Tribunales de Justicia respectivos.
Los diputados establecieron como excepciones a la denegatoria de la naturalización, establecida en el numeral 15, los casos de personas refugiadas, apátridas y asiladas, siempre y cuando las autoridades tuvieran conocimiento de que “la causa de persecución en su país de origen radica precisamente en esa condena”.
La excepcionalidad no aplica para las personas refugiadas, apátridas o asiladas que cometan delitos dolosos en Costa Rica o en el extranjero con posterioridad o durante el trámite de la declaratoria de la respectiva condición especial.
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Justificación de la propuesta
El expediente 23.800 fue presentado por los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Danny Vargas y Rodrigo Arias (presidente legislativo).
Según Arias, “algunas personas de otros países están usando la nacionalidad costarricense para evitar ser extraditadas cuando otros países lo piden. Por eso, estamos trabajando en esta ley, para hacer más fuerte el sistema legal y evitar que usen la nacionalidad de Costa Rica de manera indebida”.
Por su parte, Vargas indicó que la mayor cantidad de solicitudes de extradición que tienen las autoridades judiciales corresponde a personas extranjeras naturalizadas, por lo que esta propuesta permitiría hacer un cambio jurídico más rápido, al ser vía ley y no por medio de reforma constitucional.
Esta postura fue compartida por el diputado Alejandro Pacheco, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
“Con la crisis de inseguridad que tenemos en este momento en el país, es importante buscar proyectos de ley que se puedan ejecutar y entrar a regir rápidamente (...). El otro proyecto que hay, de extradición de nacionales, es un proyecto de reforma constitucional que va a durar no sé cuánto tiempo en tramitarse”, señaló
El gobierno presentó en abril anterior una propuesta de reforma constitucional para autorizar la extradición de costarricenses requeridos en el extranjero por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo.
Ese texto añadiría tres líneas al artículo 32 de la Constitución, donde hoy se establece que ningún nacional podrá ser compelido a abandonar el territorio costarricense.
Las líneas extra dirían así: “Salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un Tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes”.
Sin embargo, la propuesta fue retirada el pasado 22 de noviembre de la agenda legislativa del periodo de sesiones extraordinarias, por el presidente Rodrigo Chaves, así como las otras cinco iniciativas de seguridad que presentó el gobierno.
El madatario argumentó que los diputados “no se han cansado” de manifestar que las iniciativas del gobierno “no sirven para nada, que son malas y decidieron rechazarlas o archivarlas”.
“A partir de este momento, el Congreso tiene la absoluta responsabilidad, sin participación del Ejecutivo, de generar las leyes que garanticen la desactivación, eficaz y contundente, contra los grupos de crimen organizado”, alegó Chaves.
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