La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa tiene en discusión una lista de 18 proyectos de ley impulsados por los diputados para atender la ola de violencia que azota al país.
Dichas iniciativas fueron convocadas por el Gobierno luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunciara que su administración renunciaba a impulsar sus propios planes.
Entre las propuestas promovidas por los legisladores figuran planes enfocados en la creación de restricciones para limitar la libertad condicional, así como para crear legislación para castigar a los denominados préstamos gota a gota.
La agenda, convocada el pasado 23 de noviembre, también contempla proyectos para castigar con cárcel el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de pandillas y un aumento de mecanismos destinados a prevenir la violencia en menores de edad.
La mayor parte de estos expedientes fueron presentados por las actuales fracciones de oposición, mientras que una pequeña porción son textos promovidos por diputados de legislaturas pasadas.
Una de las iniciativas que encabeza la agenda es la Ley para la regulación y sanción del delito de préstamos gota a gota, presentada por Gloria Navas, diputada del Partido Nueva República (PNR) y presidenta de la Comisión de Seguridad.
Navas propone ampliar el articulado del Código Penal en la sección de usura y agiotaje, creando un artículo 243 bis para establecer la figura de la usura extorsiva, con la finalidad de acabar con esta modalidad de préstamos.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lospréstamos gota a gota son cada vez más frecuentes. Consisten en que una persona saca un crédito informal, sin documentos, sin fiadores y con intereses muy elevados y antojadizos.
Cuando el pago se vuelve insostenible, los prestamistas comienzan a realizar los cobros bajo amenazas, ya sea de muerte, de agresiones físicas o de daño a familiares de la persona ofendida.
Restringir libertad condicional
La agenda de los legisladores en materia de seguridad incluye dos iniciativas que pretenden realizar cambios en el procedimiento que sigue el juez a la hora de dictar libertad condicional.
El expediente 23.519 propone revocarle o modificar el beneficio de la libertad condicional al condenado que sea arrestado en el disfrute del beneficio. La propuesta del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende acabar con la reincidencia delictiva.
Dicha iniciativa agregaría un tercer inciso al artículo 67 del Código Penal que permitiría eliminar el beneficio a las personas bajo libertad condicional que sean arrestadas en flagrancia o durante el curso de la investigación judicial por la comisión de un delito doloso.
Por otra parte, el proyecto 23.737 procura que el beneficio de libertad condicional no se pueda solicitar, en ciertos casos específicos, hasta después de que el reo cumpla dos terceras partes de la pena impuesta.
La medida planteada por María Marta Carvallo, diputada del PUSC, sería aplicada específicamente a los condenados por delitos que atenten contra bienes jurídicos que tutelan la vida, propiedad privada, seguridad sexual y la salud.
Otra de las propuestas está incorporada bajo el expediente 23.986, Ley para garantizar la prisión preventiva en delitos de peligro social, presentada por el diputado Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN) y apoyada por el PUSC.
Este proyecto plantea que no se puedan aplicar otras medidas cautelares alternas a la prisión preventiva cuando los hechos imputados consistan en cualquiera de los delitos de narcotráfico, crimen organizado o sicariato.
Castigar a reclutadores
Dos de las propuestas de la agenda de los diputados se enfocan en evitar que menores caigan en actos delictivos y sean reclutados por pandillas, esto debido a que el OIJ ha reportado menores de hasta 14 años cometiendo sicariato o laborando como gatilleros.
El expediente 24.028 propone crear una tipificación para sancionar a quienes recluten personas menores de 18 años, y los utilice o los obligue a participar directa o indirectamente en la ejecución de cualquier delito tipificado en el Código Penal.
La pena para los reclutadores sería de seis a ocho años de cárcel. No obstante, la sanción no representa una excepción en la responsabilidad penal juvenil que pueda alcanzar a la persona menor de edad en caso de que cometa un ilícito.
Por otra parte, el texto 23.642 busca la creación de una Ley de prevención de la violencia en personas menores de edad y jóvenes, para mediante el redireccionamiento de fuentes de financiamiento con las que ya cuentan las instituciones.
Con este proyecto, presentado por Alejandra Larios, del PLN, se pretende una articulación y coordinación de acciones preventivas de violencia, bajo la conducción de una comisión interinstitucional que estaría adscrita al Ministerio de Justicia.
Escuchas telefónicas y otras propuestas
Como parte de la agenda, también fue convocada a la comisión de Narcotráfico una propuesta de ley para interceptar comunicaciones en casos relacionadas con el delito de extorsión. La misma fue presentada por Daniel Rojas, del PUSC.
Dicho plan pretende crear el tipo penal de “extorsión agravada” e incluirlo en el artículo 9 de la Ley de Registro, Examen y Secuestro de Documentos Privados e Intervención de las comunicaciones, para que las autoridades tengan mejores herramientas.
Adicionalmente, se agregan las causales de la extorsión agravada también como circunstancias agravantes de los tipos penales de lesiones “gravísimas, graves y leves”.
Por otra parte, la lista incluye proyectos específicos para combatir el narcotráfico, como el expediente 22.552, el cual amplía la definición del delito de legitimación de capitales, adicionando la posibilidad de la configuración del ilícito a quien adquiera, convierta, transmita, oculte o encubra bienes de interés económico, participando o no, en las actividades delictivas en las que se originaron los bienes.
En esta misma línea va una reforma planteada en el expediente 22.834 para modificar la Ley contra la delincuencia organizada con el propósito de fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Su objetivo es robustecer la aplicación de la figura de Incremento Patrimonial sin Causa Lícita Aparente. De esta forma, se regularía la posibilidad de pedir una medida anticipada para inmovilización de bienes, la realización de notificaciones, la competencia para conocer los asuntos, y la legislación supletoria.