Los diputados aprobaron, la tarde de este martes, concederle un plazo adicional de 30 días a la comisión especial que investiga los cuestionados contratos de publicidad suscritos por el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) con varias instituciones autónomas.
Con 28 votos a favor y 16 en contra, el plenario acordó darle hasta el 30 de mayo al foro para que concluya la pesquisa y rinda un informe. Originalmente, tenía plazo hasta el 30 de noviembre del 2023 para realizar la tarea encomendada, pero se le dio una primera extensión que vence el próximo 30 de abril.
La segunda ampliación del plazo fue avalada por legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Partido Liberal Progresista (PLP), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y Partido Nueva República (PNR).
Dentro de estas fracciones hubo diputados que votaron negativamente la moción. Entre ellos figuran Fabricio Alvarado, Rosalía Brown, Yonder Vargas, David Segura, Olga Morera y José Pablo Sibaja, diputados del PNR.
En la fracción del PUSC, no apoyaron Daniela Rojas, Leslye Bojorges y Melina Ajoy; mientras que en la bancada del gobierno se pronunciaron en contra Pilar Cisneros, Ada Acuña, Daniel Agüero, Waldo Agüero, Alexander Barrantes, Paola Nájera y Manuel Morales.
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La comisión fue creada, en setiembre del año pasado, con el encargo de investigar supuestas irregularidades y manipulaciones en los contratos de publicidad suscritos por el Sinart con otras entidades públicas, así como las instrucciones provenientes de Casa Presidencial para llevar a cabo dichos acuerdos, incluso en contra de recomendaciones técnicas que aconsejaban no firmarlos.
También se examinó el contrato por $405.000 que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sometió a licitación pública internacional para brindar servicios de comunicación a Casa Presidencial. Los términos del convenio fueron redactados desde Presidencia por el empresario Christian Bulgarelli, cuya empresa participó en la licitación y se adjudicó el contrato.
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Durante la discusión de la moción en el plenario, Vanessa Castro, diputada del PUSC y presidenta de la comisión investigadora, defendió las labores del órgano legislativo y aseguró que la razón por la que se va a llamar a comparecer a más personas es porque sobran los “actos indebidos”.
“Aquí están festinando dineros, y esos dineros dejaron de festejarse porque la comisión está funcionando y esa es la verdad y, si no, vayan a ver el expediente. Vayan y vean; no quiero realmente la comisión. Son horas las que nos quedamos, hasta las 9 de la noche o más. Y nos quedamos realmente preguntando y tratando de esclarecer la verdad real de los hechos, que es nuestra misión.
“Es una comisión de control político, es una comisión diferente, comprendan. Pero, señores, efectivamente estamos majando callos y lo veremos en el informe final”, dijo Castro.
Ariel Robles, diputado del FA, insistió en que ya hay suficiente camino recorrido para “silenciar” a la comisión, por lo que instó a los legisladores a seguir investigando, aunque “brinquen” el Sinart y Casa Presidencial.
“El Departamento de Estado de los Estados Unidos brinda un informe anual sobre las prácticas de derechos humanos por país y más de 50 manchas encontraron en Costa Rica. Una de esas, muy importantes, en las violaciones sistemáticas que se han venido dando desde el Sinart en la concentración de pauta publicitaria y su asignación de forma política, un proceso que viene siendo de castigos y premios.
“Eso es lo que ha venido pasando, eso es lo que está investigando la comisión investigadora. Por supuesto que les molesta, los enoja. Pero no le enoja al pueblo de Costa Rica. Aquí no hay por qué permitir que algunas diputaciones se adjudiquen la voz del pueblo de Costa Rica; aquí todos los partidos representan parte de ese pueblo”, aseveró el frenteamplista.
Este lunes 22 de abril, el Departamento de Estado estadounidense publicó un informe sobre el estado de los derechos humanos en diversos países. Para el caso de Costa Rica, el Gobierno norteamericano alertó sobre los ataques a la prensa cometidos por el presidente Rodrigo Chaves y su gobierno. Además, expuso el caso de la asignación de pauta del Sinart.
Por su parte, la diputada Pilar Cisneros defendió la pauta que se le asignó al Sinart y se pronunció en contra de las agencias privadas que se encargan de pauta estatal. Además, insistió en que el foro ha tenido tiempo de sobra para perder.
“Han tenido un montón de tiempo. Se ha perdido cualquier cantidad de tiempo en las comparecencias. Yo he participado en algunas, inclusive donde estuvo la presidenta del Colegio de Periodistas y, la verdad, han tenido tiempo de sobra para investigar. El pueblo está cansado de esas comisiones show, donde no se habla y no se logra el objetivo”, expresó la oficialista.
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Ada Acuña, legisladora del gobierno, se sumó a las intervenciones contra la prórroga de 30 días. En su caso, dijo que no estaba dispuesta a continuar con el órgano por considerarlo una “pérdida de tiempo”
“¿Cuál es la idea de ese tipo de comisiones? Seguirle dando el gobierno;cuestionando cosas que no hay, que no son reales. Por ejemplo, ese plan de trabajo que se presentó bajo supuestas denuncias, básicamente no ha dicho absolutamente nada. El día de hoy no se han presentado denuncias formales sobre actos irregulares”, manifestó la diputada oficialista.