Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, dos proyectos de ley que eximen del pago del impuesto al valor agregado (IVA) los servicios de turismo y construcción por un año más, pero sin conceder una fuente alterna de ingresos frescos para el Gobierno.
Se trata de los expedientes 21.934 y 21.637, los cuales frenan el cobro tributario que empezó a regir el 1.º de julio pasado, tal como lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635).
Ambos textos recibieron 44 votos a favor y ninguno en contra.
En el caso de los servicios turísticos, se trata de una propuesta del liberacionista Roberto Thompson que los mantiene exentos durante un año más y atrasa también el cobro escalonado de ese impuesto.
De esa manera, a partir del 1.º de julio del 2021, todos los servicios turísticos empezarán a pagar una tasa del 4% del IVA, un 8% a partir de julio del 2022 y la tarifa general, que es un 13%, a partir de julio del 2023.
El exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, había advertido que aprobar ese proyecto, tal cual estaba redactado, sería contraproducente para los empresarios turísticos, pues no podrían trasladar a sus clientes el IVA que ellos sí tienen que pagar por sus insumos.
Chaves ofreció un plan alternativo en el que, según sus cálculos, los proveedores turísticos podrían aumentar sus ganancias aun cobrando un 4% de IVA, mediante el otorgamiento de créditos fiscales. No obstante, los diputados no acogieron esta propuesta.
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Antes de aprobarse el proyecto sobre turismo, este lunes, se añadió un párrafo sobre las obligaciones tributarias del sector, devengadas desde el 1.º de julio y hasta la entrada en vigencia de la iniciativa, donde se aclara que se deberán declarar y pagar al fisco, en los términos de la ley 9635.
También se añadió un párrafo al artículo 26 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde dice que, en todos los casos de “servicios de transporte aéreo internacional”, el contribuyente tendrá derecho a aplicar un crédito fiscal pleno en la compra de bienes y servicios vinculados con la prestación del servicio con tarifa reducida.
En el caso de los servicios de construcción, los legisladores se inclinaron por apoyar la iniciativa del jefe de fracción de Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón.
La iniciativa del liberacionista establece que los servicios asociados, como los de ingeniería, arquitectura o topografía, empezarán a pagar un 4% del IVA en julio del 2021, también de forma escalonada.
Tal como lo fijó la ley, los proyectos que se habían registrado y visado en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) antes del 30 de setiembre del 2019, empezaron a pagar esa tasa del 4% desde el 1.º de julio pasado.
Los proyectos que entraron al CFIA el 1.º de octubre del 2019 ya estaban afectos por la tarifa general del impuesto, la del 13%.
La propuesta de Chacón extiende la exoneración total, incluso para los proyectos presentados a partir de octubre del 2019 y los que se presenten hasta el 30 de junio del 2021.
A partir de julio del 2021 y por un año, todos los proyectos -registrados antes y a partir de esa fecha- pagarán ya la tarifa del 4%; a partir de julio del 2022, la tarifa será del 8% y a partir de julio del 2023, aplicará la tarifa general: 13%.
Los diputados tomaron dicha decisión pese a las advertencias del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República respecto al riesgo de descubrir varias fuentes de ingresos sin buscar una compensación para los ingresos tributarios del Estado.
Antes de que se votaran ambas iniciativas en primer debate, el jefe del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, aseguró que si bien el oficialismo avaló las propuestas, la Asamblea debe encontrar compensación para la pérdida de recursos que ambos planes conllevan.
“Hay opciones, como eliminar la exoneración del impuesto sobre la renta al salario escolar y otras más, surgidas de los diputados. Es necesario ante la caída de ¢1,2 billones en los ingresos financieros del Gobierno”, enfatizó Sánchez.
Luis Fernando Chacón, jefe de Liberación Nacional, alegó que exonerar a la construcción es importante “en un momento en que la pandemia ha afectado a diversos sectores”.
“La construcción aporta más de un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más del 16% del empleo, tanto directo como indirecto”, comentó el liberacionista.
La exoneración del IVA en construcción alcanza a los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y toda la construcción civil, explicó Chacón.
“Esto permitirá a Costa Rica tener más fuerza para reactivar la economía, para que un sector tan importante como este siga aportando como lo ha venido haciendo”, indicó.
Según datos mencionados por el liberacionista, del 2019 al 2020 el sector ha tenido un decrecimiento del 20%.
Paola Valladares, presidenta de la Comisión de Infraestructura del Congreso, alegó que la inversión en dicho sector es trascendental para la atención de las crisis económicas.
La jefa del Partido Restauración Nacional (PRN), Xiomara Rodríguez, dijo que es necesario aliviar la carga tributaria a sectores tan golpeados, para que puedan seguir adelante.
“Esperamos una buena ruta de reactivación económica y que estos sectores puedan volver a levantarse, hacer la crisis más llevadera a los costarricenses que trabajan en esos sectores”, dijo la vocera restauracionista.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, había advertido a los congresistas que, de exonerar del pago del IVA al turismo, la construcción y la canasta básica se generaría un hueco en las finanzas públicas.
Para compensar ese vacío, el jerarca le pidió al Congreso aprobar el plan para eliminar la exoneración del impuesto sobre la renta al salario escolar, que según él generaría recursos por ¢40.000 millones y serían suficiente compensación.