La comisión legislativa de Asuntos Sociales acordó, en forma unánime, enviar al archivo un proyecto que proponía prohibir a las operadoras del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), cobrar cargos por administración cuando los fondos que administran generen pérdidas de capital al trabajador.
Dicha iniciativa fue presentada, el 13 de setiembre del 2022, por el diputado liberacionista Francisco Nicolás con la intención de modificar el artículo 49 de la Ley de Protección al Trabajador para incluir la restricción.
Sin embargo, Melina Ajoy, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), indicó que la iniciativa no pudo avanzar porque todas las instituciones consultadas remitieron opiniones negativas.
Ajoy argumentó que cuando el texto fue presentado en el Congreso los mercados financieros atravesaban uno de sus peores momentos, lo que se reflejó en rendimientos negativos en las inversiones.
Los fondos de pensiones iniciaron, en el último trimestre del 2021, un proceso de desaceleración en los rendimientos. El fenómeno se agravó durante el 2022 como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania; y por el alza en las tasas de interés de los bancos centrales a nivel global, con el objetivo de frenar la inflación.
La diputada sostuvo que existe una “hipótesis errada” de que las minusvalías o pérdidas sufridas por los regímenes de pensiones son consecuencia de una mala administración por parte de las operadoras a cargo de estos recursos.
“Esto no siempre es así, todos los portafolios están expuestos al riesgo sistémico y existen variables muy distintas”, agregó la socialcristiana.
Por otro lado, la frenteamplista Priscilla Vindas mencionó que si bien la propuesta puede ser percibida por la población como algo beneficioso, en la práctica puede terminar afectando la administración que se hace de los fondos de pensiones.
“Las operadoras requieren de personal muy calificado, realmente muy especializado para hacer manejo responsable y adecuado de estos fondos, y eso está en el interés de todos y todas.
“Dejar de cobrar una tasa de administración, básicamente dejaría a la deriva el manejo de estos fondos, y también la competencia que tendrían las operadoras públicas con las privadas, que también fue una de las desigualdades que se señalaron, tanto en las audiencias como en los criterios escritos”, señaló Vindas.
Ambas diputadas coincidieron en la necesidad de discutir sobre cómo las operadoras de pensiones invierten los recursos de los fondos, particularmente si estos movimientos deben hacerse en mercados internacionales o quedarse a lo interno del país.
Otro proyecto archivado
La comisión de Asuntos Sociales también enterró un proyecto impulsado por la fracción del Frente Amplio (FA) para eliminar la exención que tienen los aportes de patronos y trabajadores al Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias en cuanto al pago de contribuciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El texto se introdujo a la corriente legislativa el 27 de setiembre del 2022, con la intención de derogar el inciso a) del artículo 71 de la Ley de Protección al Trabajador. Tomaba como base una propuesta similar del exdiputado José María Villalta, que un mes antes fue archivada por el mismo foro legislativo.
El numeral que se quería afectar establece que los aportes de patronos y trabajadores al régimen voluntario estarán exentos del pago de cargas sociales y los impuestos sobre la planilla, siempre y cuando, no supere el 10% del ingreso bruto mensual.
Actualmente, esta excepción aplica para la CCSS; el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf); Banco Popular y el impuesto sobre la renta.
No obstante, cuatro diputados votaron en contra de un informe de subcomisión que proponía apoyar la propuesta. El único voto a favor fue de la diputada Priscilla Vindas.
La socialcristiana Ajoy señaló que el proyecto desincentivaría a que las personas adquieran una pensión voluntaria, mientras que el impacto en favor de las finanzas de la CCSS sería muy pequeño.
Vindas, por su parte, dijo entender los argumentos en contra del proyecto, pero hizo un llamado a debatir sobre cómo garantizar el fortalecimiento de las contribuciones sociales a la CCSS, para que la institución pueda seguir prestando sus servicios.