Diputados dijeron estar “en shock” por la decisión del Gobierno de romper unilateralmente el convenio con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), mediante el cual el país atrae empresas extranjeras que generan empleos.
“Estamos siendo gobernados por egos descontrolados”, dijo Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP).
El jefe de esa fracción, Eliécer Feinzaig, declaró que “desmantelar Cinde no tiene ni pies ni cabeza”, y aseguró que el Gobierno carece de visión al romper un convenio que ha demostrado ser exitoso.
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“Rompen el convenio alegando que les sale muy caro, pero ¢750 millones (anuales) es un monto insignificante si se compara con los beneficios que este convenio le ha generado al país.
“Estamos hablando de miles de millones de dólares en inversión extranjera y miles de puestos de trabajo que se generan cada año. Hay estudios que demuestran que, por cada dólar de exoneración, se generan $6 de beneficio para la economía del país”, aseveró el congresista.
Cinde ha logrado atraer 405 empresas al país que, el año pasado, generaban 181.000 empleos, 19.000 puestos de trabajo más que en el 2019.
Feinzaig sostuvo que la justificación esgrimida por el Gobierno para concluir el convenio es “una excusa”.
El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, argumentó que la situación fiscal del país impide al Gobierno seguir aportando recursos para el programa de atracción de inversión extranjera.
Al respecto, el diputado y jefe de fracción del PLP calificó de contradictorio y alarmante el accionar del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que se encontraba consternada con la decisión del Gobierno, pues tiene claro el prestigio nacional e internacional de Cinde.
“Esto puede generar una inseguridad muy grande incluso a inversiones que están en ciernes. No logro entender. Tengo claro que Cinde ocupa dinero público, pero siempre ha tenido el control de la Contraloría. Además, esto es un distractor en un momento en que hay problemas muy serios como educación, seguridad y otros, pero el Gobierno es experto en hacer distracciones”, señaló la congresista.
Castro consideró que la decisión del Ejecutivo no fue apresurada, sino que se gestó con objetivos de fondo que no son conocidos. Añadió que la justificación para terminar el convenio no tiene sentido.
“Requerimos una reactivación económica y estamos en un proceso delicado de construcción de esa economía, y vamos a hacer esto con una institución que tiene 40 años de estar en el país, y cuyos resultados son visibles. Estamos desvistiendo un santo para vestir otro”, criticó la socialcristiana.
Castro aseguró que investigará a fondo para conocer “qué hay detrás de este asunto”.
Diputados de diferentes fracciones se han manifestado en contra de la decisión del Ejecutivo a través de sus redes sociales.
La legisladora Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), lamentó la “desastrosa decisión” del Gobierno de terminar con una iniciativa exitosa y que dio resultados por años.
Las compañeras de fracción de Feinzaig en el PLP, Johana Obando y Kattia Cambronero, también expresaron su preocupación.
“Sin duda la estrategia de atracción de inversiones a través de Cinde ha sido muy exitosa para Costa Rica. Esta decisión es muy delicada y las razones expuestas no son suficientes. Es una irresponsabilidad con el país. ¿Cuántas negociaciones avanzadas podrían verse afectadas por una acción como está?” lamentó Cambronero.
Obando, por su parte, señaló que prescindir de los servicios de Cinde da “un mensaje de inestabilidad e inseguridad jurídica para las empresas ya instaladas y las que podrían venir”.
La congresista detalló que su despacho acaba de solicitar al Ejecutivo el plan de contingencia que se hará efectivo a partir de la rescisión del contrato.
Documento en que Comex le notifica a Cinde la terminación del acuerdo: