Ahora es la Asamblea Legislativa la que pone en duda el nuevo modelo para calcular las tarifas de autobús.
Dieciséis diputados firmaron una nota enviada al regulador general, Roberto Jiménez.
En ella, le solicitaron que les remita un informe para determinar si el modelo tarifario, que reducirá los pasajes hasta en un 23%, provocaría la caída en la calidad del servicio que brindan las empresas de transportes.
Dicho porcentaje de reducción implicaría un ahorro mensual de ¢4.000 para cada usuario de la ruta 50, que opera la empresa Transportes Cesmag, donde se estrenará el modelo.
Cesmag opera entre San José y La Unión y todos los ramales de ese trayecto.
Esa y otras firmas que brindan el servicio público, han criticado el modelo y han alertado del supuesto deterioro en sus servicios, al reducirse sus ingresos por concepto de pasajes.
Los legisladores firmantes pidieron insumos para probar que eso no ocurrirá. Así lo alegaron cuando La Nación les consultó la motivación para escribirle al regulador.
Los políticos pertenecen a los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Renovación Costarricense (PRC). Al movimiento se sumó la congresista independiente Carmen Quesada.
Por el PLN firmaron Julio Rojas, Olivier Jiménez, Aracelly Segura, Michael Arce, Juan Luis Jiménez, Rolando González, Marta Arauz, Karla Prendas y Paulina Ramírez.
Del PUSC rubricaron la carta Luis Vásquez, Rosibel Ramos, Rafael Ortiz, Jorge Rodríguez y Gerardo Vargas.
También firmó Gonzalo Ramírez, del PRC, además de Quesada.
Uno de los parlamentarios confirmó que fue la liberacionista Aracelly Segura quien gestionó las firmas. Ella no atendió su celular ayer.
¿Temor? Los congresistas afirmaron en la nota al regulador que basan sus dudas en preocupaciones expresadas por la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, el 19 de setiembre, en medios de comunicación, pero no citan en cuáles o en qué contexto.
En el escrito pidieron al regulador indicarles si el modelo tarifario disminuiría la flota de buses de las concesionarias, si recortaría las carreras (viajes) en las noches y madrugadas.
Pidieron aclarar siel cambio traería recortes de personal en las empresas, si no reconoce los costos asociados al cumplimiento del contrato de concesión, o al manual de calidad.
Así mismo, pidieron información sobre si el modelo afecta los contratos de trabajo de los empleados o los costos de mantenimiento de los buses.
Todos los diputados consultados admitieron que no han conversado directamente con la defensora Solano y que no conocen a fondo sus preocupaciones .
El verdiblanco Rolando González dijo que hay una “evidente controversia” sobre el modelo, por haber sido desarrollado por el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) de la Universidad de Costa Rica, con base en datos quehan sido objetados.
“El modelo ha recibido cerca de 100 objeciones que han sido desestimadas y sería extraño que todas estén equivocadas”, aseveró González.
Por su parte, Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, manifestó: “Si al final le vamos a dar una mejor tarifa al usuario, pero una calidad que no es la que se merece, entonces, nos parece que no sería correcto”.
Mientras tanto, el rojiazul Jorge Rodríguez manifestó que firmó la nota con el interés de que los usuarios salgan beneficiados.
Gerardo Vargas, líder de la fracción del PUSC, aseguró que prestó su firma de buena fe, sin la intención de cuestionar la rebaja tarifaria.