Aunque los diputados tienen la potestad constitucional para emitir críticas y denuncias contra instituciones y jerarcas de los otros poderes del Estado, conocida como “control político”, no tienen reparo en desobedecer la orden de la Sala Constitucional de crear su propio régimen de sanciones y de definir las causas por las que podrían perder su curul.
Esa desobediencia, originada en una especie de desinterés para crear un mecanismo que los castigue como funcionarios públicos de elección popular, se ha mantenido por seis años y medio, o sea 65 meses.
Esta semana, los magistrados constitucionales reiteraron su sentencia de julio del 2010 (notificada oficialmente al Congreso en noviembre de ese año), en la cual se obliga a los parlamentarios a emitir una reforma de la Constitución y del Reglamento legislativo para incorporar el deber de probidad como causa para que se les cancele la credencial legislativa.
Impunidad. La ausencia de ese régimen ya ha permitido la impunidad de varios legisladores, entre ellos los excongresistas Fernando Sánchez, Maureen Ballestero y Jorge Angulo, todos del Partido Liberación Nacional (PLN).
Sánchez fue uno de los autores de un memorando al entonces presidente Óscar Arias, en el que recomendaba amedrentar a funcionarios públicos que no apoyaran el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.
Por su parte, Ballestero utilizó una avioneta del Ministerio de Seguridad para asistir a una asamblea cantonal liberacionista, en tanto Angulo fue acusado de presiones indebidas a los constructores de un colegio privado y de pedirles dádivas por supuestos beneficios.
Además, carecer de esas sanciones permite que los miembros del primer Directorio que tuvo el Congreso actual no sean castigados por nombrar a la expresidenta del Partido Acción Ciudadana (PAC), Kattia Martin, en un puesto que se modificó para darle mejores condiciones salariales.
En esa decisión participaron los diputados Henry Mora, del PAC, y los socialcristianos Luis Vásquez y Jorge Rodríguez.
Desobediencia. Vía telefónica, el magistrado Fernando Castillo explicó a La Nación que la Asamblea Legislativa está en una situación jurídica de desobediencia, por no cumplir con la sentencia de la Sala Constitucional.
“La Asamblea está en desobediencia, porque la Sala ordenó hacer la reforma y han pasado más de tres años (desde el plazo de cumplimiento fijado, que era de tres años); lo que hay es una reforma que está en fase de tercera lectura, que es muy inicial en el trámite”, dijo Castillo.
El magistrado añadió que, lamentablemente, el tribunal constitucional no tiene las herramientas para sancionar a los legisladores por la mora, ni para aplicar una norma sancionatoria temporal ante la inacción de los congresistas.
En otros países, este tribunal tendría la potestad de dictar el régimen de castigo ante faltas al deber de probidad en la función pública, si el Congreso no lo hace.
Sin excusas. El actual presidente legislativo, Rafael Ortiz, aseguró que ha tratado de poner a discusión el tema, pero que ha habido “una falta de interés total”.
“No hay excusas para no verlo. Me da mucho pesar”, añadió.
Ottón Solís, del PAC, recordó que él presentó la reforma constitucional necesaria, desde el 1.º de mayo del 2014, primer día de labores, pero que hay congresistas que “creen que la dignidad del diputado se vería afectada con este régimen de sanciones”.
Según Gerardo Vargas, vocero del Frente Amplio, el tema no se ha discutido en la reunión de jefes durante los dos años de este periodo y adujo que, incluso, debería abrirse la opción de que la gente vote para quitar diputados.