Los diputados del Frente Amplio (FA) solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) investigar las contrataciones de la Junta de Protección Social (JPS) relativas a juegos y lotería en línea, bajo la presunción de que podría haber irrespeto a los principios de contratación pública, fragmentación de compras y simulación de procesos licitatorios.
El 4 de abril, los frenteamplistas expusieron a la contralora general, Marta Acosta, una serie de hechos que, en su criterio, deben ser revisados.
Los dos contratos vigentes para los juegos en línea expirarán en mayo y agosto de este año. En el 2023, la JPS lanzó el proceso de licitación pública internacional, denominado proyecto Centauro. Sin embargo, el plan recibió cuestionamientos por la presunta ausencia de estudios técnicos y plazos de implementación considerados irracionales por las empresas interesadas.
De acuerdo con el diputado Jonathan Acuña, hubo múltiples objeciones al cartel y al final solo una empresa participó. Dicha empresa es la actual proveedora de los servicios, la cual había sido adjudicada mediante una modalidad “por demanda”.
“Existen potenciales irregularidades no solo en la forma de contratación, sino en cómo han extendido la vigencia del contrato y en cómo le cambiaron la comisión hacia la baja con una negociación ordenada por el presidente de la República, como consta en actas”, puntualizó el oficio de los frenteamplistas.
Aunque la JPS finalmente no le adjudicó el proyecto a dicha empresa, por incumplir las condiciones financieras que solicitó la Junta, y el proceso se declaró infructuoso, la empresa apeló ante la Contraloría. La resolución final sigue pendiente.
Por la necesidad de asegurar la continuidad de los servicios de lotería digital y juegos en línea, la Junta empezó un proceso con escenarios alternativos, en los que dejaría por fuera la vía de contratación administrativa, que ameritaría hacer una licitación mayor.
Las opciones son el uso de recursos internos, o bien, un procedimiento por excepción para contratar un ente de derecho público.
El procedimiento de excepción buscaría la contratación de Radiográfica Costarricense (Racsa), por lo que la JPS ha solicitado a esa empresa que demuestre cumplir con la capacidad de ofrecer el 70% de los servicios y productos que se prevén en el proyecto.
“Racsa omitió las certificaciones que solicitó la JPS y afirmó que estaba en capacidad de ofrecer el 100%, aunque finalmente desistió por el plazo de cumplimiento que estableció la Junta”, explicó Acuña.
Agregó que lo relativo al proceso fue declarado confidencial en las actas de la Junta.
El procedimiento de desarrollo interno mediante la Dirección de Tecnologías e Información de la JPS también presentaría, en criterio de los diputados, varias irregularidades. Entre las advertencias, está que la Junta de Protección Social ya asumió, en el presupuesto que envió a análisis de la CGR, pérdidas por ¢1.681 millones en tres juegos en línea, lo que “se traduce en una afectación directa al sector social, pues las transferencias a las organizaciones sociales se disminuirían”.
“La JPS ha tomado decisiones que podrían ser contrarias al marco normativo de contratación vigente, al saltarse tanto los procedimientos como los principios de contratación pública, fragmentar compras y simular procesos licitatorios”, consideró Jonathan Acuña.
Incluso, apuntó que hay decisiones administrativas que buscan evadir la Ley General de Contratación Pública, y que el proyecto Centauro pasó a llamar Renacer, sin que conste un cambio de fin u objeto del proyecto en el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).
“A pesar de que el proyecto ronda más de medio millón de dólares, la institución omitió el proceso licitatorio y procedió a gestionar órdenes de compra directas a la empresa indicada. Esta práctica ha permitido que hoy dicha compañía sea adjudicataria de solicitudes que rondan los $4 millones”, puntualizó Acuña.
Según los frenteamplistas, el temor es que dichas prácticas de la administración de la JPS pongan en riesgo a esa institución y, principalmente, su finalidad social.
La Nación solicitó una reacción a la Junta de Protección Social sobre la denuncia de los frenteamplistas.