La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) calificó este lunes de insuficientes las medidas anunciadas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para atenuar el incremento en los precios de los combustibles.
“El Ejecutivo presentó una serie de medidas que, si bien son importantes, ninguna atiende la inmediatez que nos llama esta situación internacional y nacional que estamos viviendo”, dijo la jefa socialcristiana, Daniela Rojas.
El litro de gasolina súper está por subir a ¢1.062 y el de diésel a ¢1.012, como consecuencia de la escalada internacional de precios por la guerra en Ucrania.
El domingo, antes de partir hacia Suiza a un encuentro del Foro Económico Mundial, el presidente anunció cuatro medidas.
La primera en realidad no es impulsada por el Gobierno, sino que ya era una decisión tomada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Esta entidad cambió el cálculo de las tarifas de los combustibles, de manera que ya no se usen precios de referencia, sino los costos en que realmente incurre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para suministrar los hidrocarburos.
En consecuencia, el litro de gasolina súper bajará ¢28, el de regular, ¢27; y el de diésel, ¢43.
La segunda medida es el eventual uso de un crédito de $200 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar pasajes de bus, pero esta acción depende de que se implemente el cobro electrónico en buses, para evitar girar dinero de más a los autobuseros.
Las otras dos medidas son eliminar un subsidio que tiene el precio del asfalto y derogar un decreto del expresidente Carlos Alvarado que ordenaba que, a partir del 2023, el país importada combustibles de estándar Euro 6, en vez de Euro 5.
Chaves dijo que el efecto de la eliminación del subsidio al asfalto es poco, pero lo importante es el mensaje de no subsidiar a las constructoras de vías.
Para la diputada Daniela Rojas, es necesaria una atención más inmediata del tema porque, de lo contrario, “se pueden desencadenar problemas mayores”.
Su compañero Carlos Felipe García agregó que no se están tomando las mediciones necesarias ni contemplando el problema que representa el precio del combustible para el sector productivo en todo el país, o lo que se pueda perder en impuestos por suspensión de actividades económicas.
PUSC y PLN insisten en plan que abriría hueco fiscal
En sendas conferencias de prensa, las bancadas del PUSC y de Liberación Nacional (PLN) insistieron en un proyecto de ley que tanto el gobierno anterior como el actual ya rechazaron por el hueco que abriría en las finanzas públicas.
Se trata de un plan del exdiputado socialcristiano, Erwen Masís, para reducir temporalmente el impuesto a los combustibles, pero que no le da una fuente de recursos alternativa al Gobierno o una reducción de gastos.
El PUSC propuso un texto sustitutivo a ese proyecto, para que no se aplique una reducción de ¢100 en el impuesto único, como era la propuesta original, sino aplicar rebajas diferenciadas: ¢50 en el impuesto sobre el diésel y ¢25 en el tributo que pagan las gasolinas.
El PLN, en cambio, lanzó un llamado a Rodrigo Chaves para que convoque el expediente, sin tomar una posición aún sobre la propuesta de la Unidad, pero con una disposición al diálogo, según lo plantearon la jefa verdiblanca, Kattia Rivera, y la presidenta de Hacendarios, Paulina Ramírez.
No obstante, Chaves se ha opuesto en varias ocasiones a esa rebaja, al igual que el exministro de Hacienda, Elian Villegas, quien advirtió en varias ocasiones de un hueco fiscal de hasta ¢300.000 millones por esa rebaja del impuesto.
Tanto liberacionistas como socialcristianos alegaron que ese faltante se podría cubrir utilizando superávits de instituciones, aunque no especificaron de cuáles instituciones ni cuáles montos.
Adicionalmente, la liberacionista Paulina Ramírez habló de la posibilidad de echar mano de las utilidades de empresas públicas, nuevamente sin decir cuáles de ellas.
En cuanto al préstamo de $200 millones que es, PLN y PUSC alegaron que bien podrían entrar a las arcas del Estado para suplir el hueco fiscal que generaría la reducción del impuesto a los combustibles.