Diputados del FA consultan a Contraloría legalidad de alza en salarios de ministros

La inquietud está en si el decreto cumple con la regla fiscal y si tiene sustento técnico.

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Cinco diputados del Frente Amplio consultaron a la Contraloría General de la República (CGR) la legalidad del decreto que aumentó en casi un 100% los salarios base de los ministros y viceministros.

Los frenteamplistas consideran que la restricciones fiscales contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas podrían reñir con el decreto firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves. El mandatario argumentó que los bajos salarios, para la responsabilidad que implica este tipo de cargos, dificulta atraer personal calificado.

En específico, los congresistas hicieron tres consultas a la CGR: ¿el aumento resultaría contrario a las leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Empleo Público?, ¿el decreto cuenta con estudios técnicos?, ¿cuenta con la valoración de la Autoridad Presupuestaria?

El incremento entró en vigencia en junio. El salario base de los ministros pasó de ¢1,35 millones a ¢2,68 millones mensuales y el de los viceministros, de ¢1,3 millones a ¢2,57 millones.

Los diputados del Frente Amplio comparten las inquietudes que la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), envió a la Procuraduría General de la República (PGR), la semana anterior. Como presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Ramírez, afirma que este decreto no es congruente con las disposiciones de responsabilidad fiscal (regla fiscal).

La regla fiscal dice literamente que, en el peor escenario de la situación fiscal como el que vive actualmente el país, con un nivel de endeudamiento igual o superior al 60% del producto interno bruto (PIB), “no se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales”.

Según el presidente de la República, los aumentos se financiarían con los ahorros alcanzados con el congelamiento de plazas. Cada ministerio debe efectuar los ajustes presupuestarios necesarios para pagar el incremento a los jerarcas, según lo dicta el decreto.

Las remuneraciones base de los ministros han estado congeladas en ¢1.357.000 desde la administración de Laura Chinchilla (2010-2014). En tanto, la remuneración base de los viceministros se había mantenido en ¢1.302.650.