Los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa acogieron, este miércoles, el veto del presidente de la República, Carlos Alvarado, al proyecto de ley para la legalización del cannabis de uso medicinal y el cáñamo de uso industrial.
La decisión fue avalada por la mayoría de integrantes de este órgano parlamentario, por votación de seis a favor y uno en contra. Al acoger el veto parcial, Ambiente recomendará al plenario del Congreso eliminar los artículos vetados, según lo recomendado por el Poder Ejecutivo.
Los artículos vetados del proyecto son el 5, el 25 y el 26, donde se permite el autocultivo y autoconsumo de la planta del cannabis para usos medicinales.
Alvarado vetó el expediente sobre cannabis medicinal el 27 de enero, por razones de oportunidad y conveniencia, según la potestad que le da la Constitución Política.
El artículo 5 plantea el libre cultivo, producción, industrialización, comercialización de cáñamo o cannabis no psicoactivo y sus productos o subproductos para fines alimentarios e industriales.
El numeral 25, por su parte, refiere a la acreditación de la condición de paciente, a la que se le autoriza el consumo de cannabis psicoactivo de uso médico o terapéutico. En tanto, el 26 permite el cultivo de una cantidad limitada de plantas de cannabis psicoactivo para el autoconsumo de estos pacientes.
La propuesta del presidente Alvarado, según lo que recomendaron los ministros de Salud, Daniel Salas; Agricultura, Renato Alvarado, y Seguridad Pública, Michael Soto, fue la eliminación de dichos artículos.
A favor de acoger el veto presidencial votaron Paola Valladares, Karine Niño y Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN); Mario Castillo, de Acción Ciudadana (PAC); Erwen Masís, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Mileyde Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN).
En contra de acogerlo votó la presidenta de ese foro, la independiente Paola Vega.
Valladares manifestó que no se pondrá obstáculos a un proyecto que es trascendental para los derechos humanos y la calidad de vida de los costarricenses, “en su posibilidad de contar con opciones de medicamentos para pacientes que sufren enfermedades graves y en los beneficios que implica esta industria para generar fuentes de empleo y dinamizar la economía”.
Una vez acogido el veto presidencial al plan de cannabis, la Comisión de Ambiente remitirá al plenario legislativo un informe con la recomendación de acoger el veto y eliminar los artículos, para que se tramite nuevamente su aprobación.
Veto es ‘una bofetada’
La independiente Paola Vega aseguró, antes de que se decidiera sobre el veto, que ella lo considera una “bofetada al trabajo profesional y responsable” que hizo la Comisión de Ambiente durante cuatro años.
“Si hay un proyecto que ha sido estudiado, consultado con profesionales, objeto de diálogo y negociación entre las partes, y que tiene todos los elementos de negociación adecuada que debería tener un proyecto, en técnica y negociación política, es este”, apuntó.
Vega enfatizó que el Poder Ejecutivo nunca se acercó a la comisión, en tres años, para señalar las dudas que a última hora expuso ni las interrogantes que tenía. “No hay una sola nota del ministro de Salud, ni de Seguridad, ni de Presidencia pidiendo una audiencia a esta comisión”, reclamó la independiente.
“El Ejecutivo ha abordado esto de manera irresponsable y falto de respeto al Poder Legislativo, como contraparte del Gobierno. (...) El Ejecutivo no da alegatos de fondo, lo que aduce es incapacidad institucional y es una vergüenza que reconozcan tener ministros incapaces de llevar acabo las cosas”, reclamó y dijo que es una “estafa a un proyecto político”.
Del otro lado, Mileyde Alvarado, de Restauración Nacional, una de las principales opositoras del proyecto afirmó que su partido nunca estuvo en contra del plan, “pero sí en la incongruencias jurídicas que provocaron directamente la inseguridad jurídica, sin mencionar los desastres que podría ocurrir en la práctica, manejo y fiscalización de esta sustancia”.
La diputada Alvarado había promovido una consulta en la Sala Constitucional que fracasó, pues los magistrados no encontraron ningún vicio de fondo ni de forma y, más bien, advirtieron que la consulta estuvo mal hecha.