Veinte diputados de cinco partidos firmaron, este lunes, una moción para crear una comisión legislativa que investigue la legalidad de los contratos otorgados por instituciones públicas al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), por casi ¢8.000 millones, para el manejo de la publicidad estatal. Varios de los contratos fueron concedidos sin concurso público.
La moción fue presentada por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pero también contó con firmas de legisladores de Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP), Frente Amplio (FA) y Nueva República (PNR).
“Desde el inicio del Gobierno, se ha evidenciado en los medios y la población en general una preocupación por contrataciones con posible ‘tinte político’ de publicidad, donde figura la agencia del Sinart”, señala la moción de los congresistas.
Para crear el foro investigador, se requiere de mayoría simple en una votación en el plenario.
La Comisión estaría integrada por siete miembros distribuidos de la siguiente manera:
- Dos miembros del PLN.
- Un miembro del PPSD.
- Un miembro del PUSC.
- Un miembro del PNR.
- Un miembro del PLP.
- Un miembro del FA.
Vanessa Castro, redactora de la moción, explicó que abogan por una comisión especial debido que el asunto del Sinart toca muchas instituciones y requiere de un arduo trabajo.
“Estamos hablando de muchos recursos, recursos que están invertidos o están por invertirse y que deben de ser usados de la mejor manera”, explicó Castro.
Los parlamentarios buscan esclarecer tanto las contrataciones hechas por instituciones públicas al Sinart como las subcontrataciones efectuadas por dicha entidad a terceros, como el caso de la empresa de Christian Bulgarelli, a quien la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, identificó como asesor presidencial.
La firma de Bulgarelli, de nombre Nocaut, resultó contratada por el Sinart para proveer producciones audiovisuales para las necesidades de las instituciones públicas. Antes, esta misma empresa había ganado un contrato de $300.000 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para proveer servicios de comunicación a Casa Presidencial.
Según relató la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, Bulgarelli y el asesor de imagen presidencial, Federico Cruz, participaron en la elaboración de los términos de referencia del concurso y, luego, Nocaut ganó el contrato.
Según lo expuesto en la moción, también se investigaría esta contratación hecha por el BCIE a la empresa de Bulgarelli.
Entre las instituciones que contrataron al Sinart sin concurso público están el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“De confirmarse la existencia de contrataciones ilegales de servicios entre asesores de Casa Presidencial y el Estado, estaríamos ante violaciones al inciso e del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa que estuvo vigente hasta el 30 de noviembre del 2022, situación que confirmaría los delitos de tráfico de influencias o incumplimiento de deberes, delitos donde las penas de cárcel podrían oscilar entre un año y cinco años de prisión”, indica la moción.
El pasado 31 de agosto, la cúpula del PLN solicitó a los legisladores de su fracción buscar apoyo en el Congreso para crear una comisión investigadora de los casos del Sinart.