Los diputados discuten una iniciativa de ley que otorga tierras, que son propiedad del Estado, a particulares residentes en la zona fronteriza sur, sin tener claro cuántas personas se beneficiarán.
Se trata del proyecto Ley que Regula la Desafectación y Titulación de la Zona Fronteriza entre Costa Rica y Panamá, cuya discusión tiene ocupados a los legisladores desde hace una semana.
El presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder, antes IDA), Ricardo Rodríguez, admitió que no hay claridad sobre la cantidad de personas favorecidas, pese a que en el pasado se inició un censo para determinar esa población.
Rodríguez también aseguró que no se ha cuantificado el costo de hacer un listado de las personas que podrían reclamar su título de propiedad en la frontera sur.
“Hay que hacer un estudio preliminar. Ese listado se empezó a hacer en la Región Brunca, pero está incompleto”, dijo el jefe del Inder.
El presidente del Inder añadió que hicieron una consulta a la Procuraduría General de la República para determinar cuáles son las competencias de la Administración sobre los terrenos que se encuentran en la milla limítrofe. Rodríguez manifestó que la Procuraduría aún no responde.
La iniciativa de ley ya se encuentra en su trámite final en el plenario, con la presentación de varias mociones de fondo, que no fueron aprobadas en comisión.
El hecho de no contar con una lista de beneficiarios preocupó al Frente Amplio, que exigió introducir una modificación en el artículo dos del proyecto, para pedir al Inder que realice esa labor.
Choque. Pese al avance en esa propuesta del Frente Amplio, aún persiste un desacuerdo entre los legisladores. Varios partidos pretenden que los nuevos propietarios no puedan vender las tierras en la frontera antes de 10 años y otros recomiendan que ese plazo sea de tres años.
Por una parte, los partidos Acción Ciudadana, Liberación Nacional y el Frente Amplio apoyan fijar ese plazo en una década, mientras el Movimiento Libertario y la Unidad Social Cristiana (PUSC) quieren que los pobladores puedan vender los terrenos en tres años.
La jefa del PAC, Emilia Molina, aseguró que la iniciativa está blindada y, ante la oposición del Estado que hubo en el pasado, se estableció que no se podrán titular terrenos en los que haya servicios públicos o que formen parte de parques nacionales y áreas protegidas.
Gerardo Vargas Rojas, del PUSC, dijo que el plazo debe ser de tres años porque hay varios procesos previos antes de que los pobladores tengan el título de propiedad, y buscan aligerarlos.
Entre los habitantes fronterizos que piden la titulación desde las barras del público de la Asamblea Legislativa hay quienes poseen lotes de 600 metros cuadrados, mientras que en las zonas más altas, existen arrendatarios que tienen entre siete y 10 hectáreas.
La iniciativa establece un límite de 25 hectáreas por habitante para la titulación del terreno.
Actualmente, quienes habitan sobre la milla limítrofe pagan al Inder un derecho de arriendo, que para los lotes pequeños es de ¢10.000 anualmente.