Los diputados se aprestan a aprobar en el Congreso un proyecto de ley que disminuiría la injerencia del Gobierno en el Banco Popular para darles el control, casi absoluto, a los sectores gremiales.
De avanzar esa iniciativa en la corriente legislativa, el Poder Ejecutivo perdería dos de los tres puestos que en la actualidad tiene en la Junta Directiva.
Esas sillas pasarían a manos de la Asamblea de Trabajadores del banco, con lo que al final se quedaría con seis de las siete plazas, para lo cual no ocuparía que sean ratificadas por el Consejo de Gobierno, órgano compuesto por el presidente de la República y su gabinete.
El plan está en el plenario para votación final de los 57 diputados, luego de ser avalado, por unanimidad, en la Comisión de Economía Social Solidaria.
Los proponentes de esa reforma son Víctor Morales Zapata, del Partido Acción Ciudadana y otros cinco diputados: su compañera de bancada Marcela Guerrero; Juan Marín y Aracelli Segura, de Liberación Nacional; Jorge Rodríguez, de la Unidad Social Cristiana, y la independiente, Carmen Quesada.
Morales, quien ha sido dirigente cooperativista, alega que esa modificación a la Ley Orgánica del Banco Popular es necesaria porque son los trabajadores quienes deben llevar las riendas y que al Gobierno solo le corresponde fiscalizar esa labor.
“Este es un debate que lleva unos 15 años; el objetivo es fortalecer la autonomía de los trabajadores y a la vez, permitir que el Poder Ejecutivo se dedique solo a fiscalizar. Para esa labor no ocupa de tres miembros en la junta, con una persona es suficiente para que sea el enlace entre los trabajadores y el Gobierno”, dijo.
En contra. No obstante, el proyecto de ley es vetado por el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), cuyo directorio, ayer, suscribió un acuerdo por unanimidad para solicitarles a los diputados su “oposición categórica”.
Según el secretario ejecutivo de esa organización, Freddy González, es peligroso que se reduzca la participación del Gobierno en las decisiones del Popular. Él teme que a la directiva lleguen personas “ignorantes” sobre aspectos financieros y bancarios.
Su preocupación radica en que la iniciativa también propone eliminar el requisito de ostentar un bachillerato universitario para ser designado como directivo del banco. En su lugar se establece que “al menos cuatro” de los siete miembros deben contar con ese grado académico.
Al respecto, el legislador Morales aseguró que tal cambio no debilitaría la gestión del Banco, sino que, más bien, busca darle equilibrio a la Junta Directiva, permitiendo la participación de trabajadores que en la actualidad están excluidos. Argumentó que hay campesinos con conocimiento suficiente para asumir uno de esos cargos, sin necesidad de contar con un título universitario.
Otras reformas. El proyecto de ley además plantea que sea la Asamblea de Trabajadores y no la directiva, la que defina las políticas generales del Popular, que administra el ahorro de 1,2 millones de trabajadores, que depositan allí por ley el 1% de su salario.
A la vez le da la potestad de destituir a los directivos que no cumplan con sus funciones, facultad que antes era exclusiva del Poder Ejecutivo. El Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores, de igual forma, podría financiar capacitaciones, organizar foros, definir el presupuesto y hasta fijar las reglas sobre cómo se elige a sus 290 delegados.
Otro de los cambios propuestos es incluir a dos nuevos sectores en ese órgano. Se incorporaría a los pensionados y a las organizaciones de la agroindustria, con lo cual serían 12 los gremios.