Los diputados aprobaron en forma definitiva este lunes, en el plenario de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley para regular las exoneraciones fiscales luego de siete años de trámite del expediente en el Congreso.
La votación en segundo debate y definitivo fue unánime, con 53 votos, lo que significa que el expediente será enviado a la Casa Presidencial para la firma del presidente de la República y su publicación en La Gaceta.
El expediente aprobado, bajo número 19.531, crea normativa para ordenar el otorgamiento de exoneraciones y no sujeciones al pago de tributos, así como el ordenamiento de las existentes.
Asimismo, el plan desaparece 138 exoneraciones que ya estaban obsoletas y cuya vida jurídica no tenía sentido mantener.
La primera revisión de las exoneraciones se debe hacer en un plazo de dos años y le corresponde al Ministerio de Hacienda realizarla, para revisar la eficacia, pertinencia y validez de todas las exenciones y no sujeciones vigentes.
El análisis de Hacienda le permitirá determinar y a su vez recomendar a los diputados la necesidad de mantener, modificar, reducir o eliminar, parcial o totalmente, las exoneraciones que existan.
La iniciativa legal llegó al Congreso en el 2015, impulsada por la administración de Luis Guillermo Solís, y tras cinco años en la oscuridad de la gaveta, avanzó en el 2020, cuando las exoneraciones significaban un 4,5% del producto interno bruto (PIB) y se otorgaron beneficios en el país por ¢1,5 billones.
Aparte del análisis inicial de las exenciones, el Gobierno tendrá que hacer una revisión periódica cada cuatro años.
La ley tiene 45 artículos con regulaciones generales para otorgar exenciones fiscales y los procedimientos para revocarlas, así como sancionar el incumplimiento de las normas que las autorizaron.
Las anomalías descritas en el proyecto son hacer mal uso o distinto del previsto por la ley a los bienes exonerados, así como omitir la presentación de los informes periódicos a la Dirección General de Hacienda, o bien, que no se cancele la obligación tributaria. En este último caso, tendrá que pagar una multa del 50% de lo que debía pagar originalmente.
La única bancada que usó la palabra para destacar la aprobación fue la del Frente Amplio. Su jefe de fracción, Jonathan Acuña, resaltó dos normas del proyecto.
Primero, que la Dirección General de Hacienda tendrá que establecer un mecanismo efectivo para que los ciudadanos hagan denuncias sobre el mal empleo de las exoneraciones fiscales y las no sujeciones.
En segundo lugar, destacó que la revisión de Hacienda no le da la potestad al Ejecutivo de hacer ninguna modificación sobre las exenciones, sino que estas siguen en manos del Congreso, el cual tiene la reserva constitucional de hacer reformas al respecto.