Escuchar la presentación de la Memoria anual de la Contraloría General de la República, en la que se expuso la crisis financiera que vive el país, hizo pensar a los diputados en quién es responsable de esa situación.
Para los legisladores, el problema financiero es culpa de la administración de Luis Guillermo Solís, pues consideran que hay una agenda por ejecutar, pero no ven las acciones del Gobierno para hacerlo.
Antonio Álvarez Desanti, del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguró que esta administración no está haciendo nada por atacar el déficit y revisar minuciosamente los ingresos y los gastos. “Es urgente actuar con una ley de empleo público y las pensiones”, dijo.
Según el criterio de Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), la contralora Marta Acosta le da una regañada a la clase política en general, pero comentó que ella lo ha dicho durante varios periodos de diferentes gobiernos.
Eso sí, Ottón Solís aseguró que el gobierno actual no puede seguir en la vía de nombrar gente inexperta, “profesores, amigos”, entre sus jerarcas.
El presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, Mario Redondo, dijo que Acosta pone el dedo en la llaga en cuanto a la necesidad de avanzar en revisar las remuneraciones y las pensiones, que para él es tarea pendiente del gabinete de Luis Guillermo Solís.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio José Ramírez dudó de los datos aportados por la contralora, pues afirmó que son del 2012.
“Los datos de la Contraloría dicen que por evasión, elusión y no pago de tributos se dejan de percibir ¢3,7 billones, lo que por mucho resolvería el tema del déficit fiscal en el país”, comentó el frenteamplista.