Diputados de varios partidos cuestionaron la decisión del presidente de la República, Rodrigo Chaves, de desconvocar el proyecto de ley contra el crimen organizado para abrir espacio a mesas de trabajo sobre el plan de jornadas laborales 4-3.
Calificaron lo sucedido de “barbaridad”, “burla” y “error grave”, al tiempo que preguntaron cuál es el verdadero compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana y lo responsabilizaron en caso de que la reforma no sea aprobada a tiempo.
Según la Fiscalía General, es urgente aprobar este proyecto para principios de junio porque, de lo contrario, saldrían de la cárcel presuntos cabecillas de bandas criminales. El plan permitiría duplicar la prisión preventiva en casos de delincuencia organizada.
Gloria Navas, diputada de Nueva República y vicepresidenta legislativa, afirmó que la desconvocatoria del plan de seguridad es un “juego político” inaceptable y una “tremenda ofensa a la población”.
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“Es una barbaridad con el pueblo de Costa Rica. Estoy muy molesta. Es una burla al pueblo de Costa Rica que llora por sus muertos, que llora por su seguridad. Eso sí es jugar chapitas como dice él”, sostuvo Navas.
En su criterio, el plan contra el crimen organizado no está en competencia con el de jornadas laborales 4-3, por lo que no justifica que el Ejecutivo retirara ambos si el segundo no podía avanzar ante las dudas de Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA).
Antonio Ortega, subjefe de la bancada del Frente Amplio, añadió que lo sucedido fue “una jugada muy rastrera”.
“Ni siquiera tienen consenso para jornadas dentro de las bancadas, mientras que crimen organizado sí tiene consenso mayoritario”, apuntó.
En las tiendas de la Unidad Social Cristiana (PUSC), el jefe de fracción, Alejandro Pacheco, cuestionó la decisión del Gobierno y la calificó de “extraña” porque pone a correr a la Asamblea Legislativa, a sesionar fines de semana para poder votar el plan sobre crimen organizado.
El liberacionista José Joaquín Hernández se manifestó totalmente en contra del retiro al expediente 23.090, sobre crimen organizado. “No comparto ni me parece responsable la decisión del Gobierno, dado el riesgo que se corre de permitir que líderes de bandas criminales salgan de prisión por un tecnicismo”, apuntó.
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Sobre el plan de jornadas 4-3, el sancarleño sí consideró razonable dar un compás de espera y de diálogo sobre esa iniciativa.
Eliécer Feinzaig, vocero del Liberal Progresista (PLP), consideró que era innecesario retirar el plan sobre crimen organizado, por la necesidad de aprobarlo antes del 7 de junio.
“Es un error grave desconvocarlo; se pudo mantener en el orden del día y abrir otro espacio para el diálogo sobre jornadas. Si ese proyecto no se aprueba, la responsabilidad será única y exclusivamente del Gobierno”, enfatizó.
La subjefa del Liberal Progresita, Johana Obando, se manifestó preocupada porque no cree que los plazos permitan la aprobación a tiempo.
Ella confirmó que el Ejecutivo no estuvo de acuerdo en la opción que dio el PLP, de trabajar un proyecto en plenario y otro en mesas de trabajo, por lo que cuestionó las prioridades de Rodrigo Chaves en seguridad ciudadana.
Ni el jefe del PLN, Óscar Izquierdo, ni el de Nueva República, Fabricio Alvarado, se han pronunciado respecto a la decisión de Chaves.