Los diputados corrigieron, este lunes en el plenario, un error en un proyecto que reforma la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, luego de acoger un veto del presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre el expediente legislativo 21.277.
Se trata de una iniciativa para asegurar los recursos económicos mínimos para las sedes regionales y los recintos de las universidades públicas.
El Poder Ejecutivo vetó la primera redacción al considerar que habría revivido una serie de normas sobre gastos fijos que ya la reforma tributaria había eliminado.
Para corregir el error, los congresistas primero tuvieron que acoger el veto emitido por el mandatario, a través de una moción de fondo que integró la nueva redacción sugerida por la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda.
Esa moción con la que acogieron la redacción propuesta por la exministra Rocío Aguilar tuvo el apoyo de 38 legisladores, mientras que siete votaron en contra, entre ellos Paola Vega y Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC); así como José María Villalta, del Frente Amplio.
También estuvieron en contra de la propuesta de veto Walter Muñoz y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), la socialcristiana Shirley Díaz y Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
El pasado 17 de setiembre, el Gobierno anunció que vetaba la iniciativa legal porque temía que un párrafo podría haber revivido una serie de gastos fijos que se habían sepultado en diciembre pasado.
El proyecto de ley 21.277 tiene el objetivo de garantizar una asignación presupuestaria mínima para las sedes regionales de las universidades públicas.
La propuesta del Ejecutivo que acogieron los legisladores asegura que la Dirección General de Presupuesto Nacional realice la asignación presupuestaria no inferior al presupuesto vigente para el 2018, pero con una frase que específicamente se refiere a “los destinos específicos establecidos para las sedes regionales de las universidades públicas”.
Esos destinos específicos se habían derogado con la ley 9635. La redacción original del plan hablaba de que se protegían “todos” los gastos fijos que se habían eliminado con la reforma tributaria.
Aunque dijo que consideraba el veto presidencial como innecesario, Enrique Sánchez votó a favor de la iniciativa, porque argumentó que ya en la ley fiscal hay normas que establecen que ninguno de los destinos específicos podía ser menor al asignado para el 2018.
“La Sala Constitucional respondió que, efectivamente, estábamos protegiendo los destinos específicos y en que no se ponen en riesgo los programas sociales”, dijo el oficialista.
No obstante, José María Villalta, Welmer Ramos y Paola Vega lanzaron dudas de que con la redacción propuesta por el Gobierno y acogida en el plenario se estén efectivamente protegiendo las transferencias a programas como las juntas de educación, los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinai), así como Banca para el Desarrollo.
Finalmente, el proyecto fue aprobado en primer debate por 40 legisladores, mientras que seis congresistas estuvieron contra la iniciativa.