Con el voto unánime de los 51 diputados presentes, el Congreso aprobó este jueves, en primer debate, un proyecto que autoriza al Instituto Nacional de Seguros (INS) a transferir, por una sola vez, ¢75.000 millones al Gobierno para atender la pandemia por covid-19.
Luego de una intensa polémica sobre otros temas, finalmente el plenario de la Asamblea Legislativa se centró en el trámite de dicha iniciativa.
Específicamente, dichos recursos se podrán emplear en la entrega de bonos Proteger a los trabajadores económicamente por la emergencia nacional por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
La transferencia llegará al Ministerio de Hacienda durante el primer mes a partir de la entrada en vigor de la ley y no podrá ser utilizado para reducir el pago de futuros impuestos de parte de esa institución.
Antes de aprobarse el proyecto, la discusión se centró en incluir varios artículos transitorios, para permitirle al INS que se recapitalice y pueda recuperar ese dinero, aunque el presidente de la entidad, Elián Villegas, alegó que eso no es necesario.
El texto ahora dice que durante los años 2020, 2021 y 2022, el INS queda autorizado a capitalizar esos dineros a la reserva de reparto del artículo 205 del Código de Trabajo, en caso de que haya utilidad en el Régimen de Riesgos del Trabajo.
Además, se establece que durante ese periodo de tres años, el Instituto no tendrá que contribuir con el 10% de sus utilidades, con base en el artículo 80 de la Ley de Protección del Trabajador.
También indica que si el INS logra recapitalizar el dinero antes de los tres años, se dejarían de aplicar las normas transitorias, y que si al cabo del 2022 no ha podido captar el dinero, los transitorios seguirán vigentes hasta que consiga alcanzarlo.
La diputada Silvia Hernández, exjefa de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguró que el proyecto aprobado este jueves es muy diferente al presentado originalmente por el Gobierno.
Hernández añadió que, precisamente, por la preocupación legislativa de que esa entidad no se convierta en una caja chica del Poder Ejecutivo se aprobó un nuevo texto antes de la votación en primer debate.
Por su parte, el socialcristiano Erwen Masís agregó que no se puede perder de vista la necesidad de fortalecer instituciones que le aportan “muchísimo” al Estado.
De hecho, antes de que aprobara el proyecto, Masís intentó que esos dineros se dirigieran a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pero sin éxito.
“No quisiera que pasemos a la historia como la generación que utilizó todos los ahorros del Estado, que se aprovechó de todas las buchacas de dinero, sin proyectar hacia las nuevas generaciones”, manifestó el rojiazul.
Entre tanto, el legislador independiente Jonathan Prendas aseguró que seguirán exigiendo al Gobierno una hoja de ruta literal, amplia, luego de muchas semanas de combate a la pandemia.
Prendas reclamó que se siga acudiendo a planes como esta transferencia del INS para enfrentar la crisis, cuando hay miles de millones que se pueden recortar en el Presupuesto Nacional 2020, de gastos consideró innecesarios.
Según José María Villalta, diputado del Frente Amplio, la iniciativa es de un alto contenido social, al utilizar recursos provenientes de una empresa del Estado para atender los efectos socioeconómicos de una emergencia de alcance mundial.
“La verdad es que el INS ha sido por mucho tiempo la caja chica del Estado que no queremos que sea. Aprobamos esto por la emergencia, pero no debería ser, como también lo ha sido en los gobiernos anteriores, que ordeñaron al INS para trasladar utilidades. Gobiernos de los dos partidos tradicionales hicieron esto por décadas”, señaló Villalta.