Con el respaldo de la fracción oficialista, la Asamblea Legislativa aprobó elevar a rango constitucional el derecho al deporte, la educación física y la recreación, mediante una reforma parcial a la Carta Magna.
Se trata de un ajuste que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, cuestionó en su primer informe de labores del pasado 2 de mayo.
“Con la aprobación de esta última votación, dicha proposición formará parte de la Constitución Política y se le comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia”, expresó el martes el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, al completar el tercer debate.
Para ser aprobada en el Congreso, una reforma constitucional requiere de una votación en dos debates en una legislatura y en tres debates en una segunda legislatura.
La enmienda, impulsada en octubre del 2019, agrega un párrafo segundo al artículo 89 de la Constitución Política, el cual indica que “todas las personas tienen derecho al deporte, a la educación física y a la recreación”.
Además, adiciona una obligación al Estado para que garantice su cumplimiento y promueva “su universalización como medio eficaz para mejorar la salud y la calidad de vida de la población”. Además, le encarga apoyar “el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas en todos los niveles”.
La reforma al artículo 89 recibió el respaldo de los 46 diputados presentes al momento de la votación, incluyendo a los legisladores de la fracción oficialista del Partiso Progreso Social Democrático (PPSD).
Chaves había señalado, en su primer informe de labores anual, que si bien la finalidad de la iniciativa “era muy loable”, también determinaba deberes estatales “que vienen en detrimento de los fines culturales que el Estado, por disposición de ese mismo artículo en su párrafo primero, debe procurar realizar”.
Según el mandatario, el problema es que la reforma implica “la necesaria disposición de recursos y su redistribución para orientarlos en el cumplimiento de tales obligaciones, siendo que, como es ampliamente conocido, resultan hoy más que escasos”.
Cambio de posición
Consultado sobre la reforma, el ministro del Deporte, Royner Mora Ruíz, dijo a La Nación que celebraba la aprobación, a la que calificó de “hito trascendental”.
“Ahora, más que nunca, Costa Rica reafirma su compromiso con el fomento de un estilo de vida activo y saludable para todos sus ciudadanos”, indicó en una declaración enviada por el departamento de prensa.
“La inclusión de este derecho en nuestra Constitución es un reflejo del valor que otorgamos al deporte y la recreación como pilares fundamentales de una sociedad equitativa y próspera.
“A través de esta reforma, el Estado asume la responsabilidad de garantizar que todas las personas, sin importar su edad, género o condición, tengan acceso a oportunidades para practicar deportes y actividades recreativas que contribuyan a su bienestar físico y emocional”, recalcó.
Este medio solicitó una declaración a la diputada Pilar Cisneros, jefa de fracción del PPSD, sin embargo, al cierre de esta información no se había recibido respuesta.
La reforma
El proyecto fue impulsado por un grupo de diputados del periodo 2018-2022, liderado por José María Villalta, del Frente Amplio, y María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN).
La exlegisladora verdiblanca explicó que la reforma se construyó en términos de una visión integral, para mejorar la calidad de vida de las personas, por lo que su interpretación debe referir no solamente al deporte competitivo o de alto rendimiento, sino también a la posibilidad de las personas de hacer actividad física y actividades de recreación.
“El Estado debe garantizar que todos los centros educativos en nuestro país cuenten con docentes en educación física; que todos los niños y jóvenes tengan la posibilidad de practicar alguna disciplina deportiva y que, también, se garantice más apoyo a las diferentes disciplinas que nos enorgullecen en sus participaciones internacionales, pero pocas veces reciben el apoyo necesario”, indicó.
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoció al Estado costarricense por la decisión, al considerar al deporte como una “poderosa herramienta para fortalecer la inclusión social y promover el desarrollo sostenible y la paz, así como la solidaridad y el respeto a los derechos de todas las personas”.
“El deporte y la actividad física también permiten vidas más saludables de las personas, mayor esperanza de vida de las poblaciones y ahorros muy significativos en los presupuestos públicos de la seguridad social”, expresó Allegra Baiocchi, coordinadora residente de ONU Costa Rica.