Diputados aprueban endurecer requisito para obtener libertad condicional

También dieron segundo debate a planes sobre Sistema Nacional de Inversiones y del financiamiento para la Torre de la Esperanza

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Los diputados aprobaron este martes, en segundo debate, el proyecto de ley que endurece un requisito para que los sentenciados por delitos graves puedan obtener el beneficio de la libertad condicional.

Actualmente, la legislación permite que los reos puedan solicitar ese beneficio una vez que cumplieron la mitad de su condena, en cualquier tipo de delitos. No obstante, para ciertos delitos agravados, ahora se modifica el plazo para solicitarlo.

Se trata de una iniciativa de la diputada María Marta Carballo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), que reforma el Código Penal en su artículo 64. A partir de ahora, los condenados por delitos graves solo podrán solicitar el beneficio cuando hayan cumplido dos tercios de la pena impuesta.

Ese beneficio se solicita ante un juez, el cual toma una decisión con base en un diagnóstico del Instituto de Criminología.

Así aplicará para reos sentenciados por delitos como homicidio simple y calificado, violación y violación calificada, abuso sexuales a menores y a mayores de edad, trata de personas, robo simple con violencia, robo agravado, secuestro extorsivo, genocidio, tráfico ilícito de órganos y extracción ilícita de órganos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

También, aplicará para las personas condenadas por femicidio y delitos relacionados con el narcotráfico. Además, solo podrán pedir la libertad condicional si únicamente han sido condenados una vez.

En la exposición de motivos del proyecto, se explicó que, durante el 2022, el país empezó a tener un incremento en los asesinatos. Datos de la Dirección General de Adaptación Social mencionados en el proyecto refieren que, de 1.095 personas con medidas alternas a la prisión, 788 fueron indiciadas durante ese año.

“Muchos de los delitos que se reportan en prensa fueron cometidos por personas a quienes se les concedió el beneficio de libertad condicional o a quienes se les concedió algún tipo de medida alterna a prisión. Llama la atención que, al salir, incurrieron nuevamente en otros delitos”, dice el proyecto.

Ya aprobado en segundo debate, el expediente 232.737 pasará a manos del Poder Ejecutivo, para que reciba la firma del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y se publique en el diario oficial La Gaceta.

Mideplán tendrá rectoría en proyectos de inversión

El plenario también aprobó en su votación definitiva el proyecto de ley para otorgarle al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) la rectoría sobre los proyectos de inversión pública del Poder Ejecutivo.

La iniciativa obliga a que los proyectos de infraestructura, entre ellos carreteras y centros educativos, deben tener el aval de ese ministerio para avanzar.

La iniciativa obliga al Mideplán a orientar la inversión pública de ministerios y entidades bajo su dirección, así como a elaborar metodologías para evaluar los proyectos, administrar un banco de planes, emitir opiniones vinculantes y llevar a cabo programas de capacitación.

El proyecto es una herencia del gobierno de Carlos Alvarado, y concreta el Sistema Nacional de Inversión Pública, para estandarizar la normativa relacionada con la inversión pública para todo el sector público, excluyendo a las empresas públicas en competencia y a los entes públicos no estatales, como los colegios profesionales.

Aunque las universidades públicas quedaron dentro del rango de acción de esta ley, no es el caso de los otros poderes, seam Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ni otras entidades autónomas, como las municipalidades.

Finalmente, los congresistas aprobaron dos proyectos, también en segundo debate, para asegurar el financiamiento de la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños.

El expediente 23.656, de la liberacionista Paulina Ramírez, restituye a esa obra recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), hasta concretar la infraestructura y su equipamiento, mientras que el 24.012, del Gobierno, autoriza a la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños el traslado de recursos de Fodesaf para dicha unidad de cuidados críticos.