Con 41 votos a favor, los diputados aprobaron en segundo debate, este jueves, un proyecto impulsado por el Gobierno para excluir a varias instituciones públicas de la aplicación de la regla fiscal.
Entre las entidades eximidas del tope al gasto figuran el Consejo Nacional de la Producción (CNP), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
La reforma también abarca a entes públicos no estatales, como el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), los colegios profesionales y el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).
El texto legislativo establece, asimismo, la exclusión de donaciones, gastos del Cuerpo de Bomberos, inversiones de los cuerpos de policía y los gastos de las universidades públicas financiados con recursos provenientes de la venta de servicios y sus fundaciones.
También excluye los superávits acumulados al 2023 del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Críticas a la regla
La votación ocurrió luego de amplias intervenciones en las que diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio y Nueva República (PNR) criticaron el diseño de la regla fiscal.
Esta norma regula el crecimiento del gasto público en condiciones de alto endeudamiento, para darle sostenibilidad a las finanzas públicas.
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Jonathan Acuña, del Frente Amplio, sostuvo que la regla fiscal provocó un retroceso en la inversión social, dado que las instituciones tienen recursos “enguacados” que no pueden gastar.
Señaló que la norma está mal diseñada, ya que se aplica al sector fuera del Gobierno Central pero usa parámetros del Gobierno Central.
Además, fustigó que los únicos parámetros para fijar el tope al gasto son el crecimiento de la economía y del endeudamiento público, cuando hay instituciones que tienen su propio crecimiento y no pueden usar esos recursos.
Óscar Izquierdo, vocero del PLN, señaló que ese “nefasto sistema les ha impedido crecer como corresponde” a instituciones y sectores.
En tanto, Paulina Ramírez, legisladora del PLN, alegó que las exclusiones aprobadas no tienen efecto sobre el déficit fiscal del Gobierno, dado que se trata de recursos generados por las propias instituciones, excepto las policías que reciben recursos del Presupuesto Nacional.
Añadió que la iniciativa contiene controles para las instituciones beneficiadas, como presentar anualmente estados financieros y asegurarse de que tienen liquidez, solvencia y un límite de deuda.
Ramírez recalcó que, si violan tales disposiciones, las entidades volverán a estar cubiertas bajo la regla fiscal hasta que ajusten sus finanzas.
Por el contrario, Eli Feinzaig, vocero del Partido Liberal Progresista (PLP), expresó su preocupación por la exclusión de más instituciones de la regla y reclamó la falta de información sobre su impacto en las finanzas públicas.
“A partir de hoy empieza el ciclo de la próxima crisis fiscal porque empezamos a soltar las amarras cuando todavía no hemos consolidado la situación, porque necesitamos todavía reducir el endeudamiento público”, sostuvo.
CGR: Proyecto debilita regla fiscal
La Contraloría General de la República había advertido a los diputados que el proyecto aprobado complica más la aplicación de la regla fiscal, al introducir excepciones poco precisas que debilitan su alcance original.
En un oficio enviado en mayo al Congreso, el ente contralor afirmó que la iniciativa debilita el alcance inicial que se pretendía con la reforma tributaria y profundiza la inseguridad jurídica generada con los cambios hechos antes.
La Contraloría ve necesario que todas las instituciones del Sector Público No Financiero (SPNF) estén sujetas a la regla fiscal cuando se encuentren en una situación particular de alto riesgo o en circunstancias que se califiquen como un peligro para el sector público o el sistema en su conjunto.
Para determinar cuándo una entidad debe estar sujeta a esta regla en momentos de crisis, recomienda establecer criterios y parámetros específicos como nivel de su endeudamiento, el financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital o endeudamiento, y la disponibilidad de información financiera completa y auditada.
“Debe ser una regla fiscal simple, de única interpretación, que posea criterios claros y unívocos sobre los métodos de verificación, y que sea general y no duplique controles; es decir, que no aplique la regla a un colón más de una vez”, recomendó.