En medio de crecientes demandas al Gobierno para atender la ola de violencia que azota el país, los diputados optaron por aprobar, este jueves, su propia agenda de proyectos en materia de seguridad y dejaron de lado cinco iniciativas que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, les ha pedido tramitar con insistencia.
Un acuerdo entre jefes de fracción permitió darles primer debate a proyectos para eximir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), agilizar el levantamiento de cuerpos de personas fallecidas en hechos violentos, sancionar con cárcel a quienes bloqueen señales de celular y ampliar el uso de vehículos sin rotulación para fines investigativos.
La aprobación de estos planes se produjo poco después de que los legisladores aprobaran una moción para hacerle una excitativa al Poder Ejecutivo para que declare emergencia nacional por la crisis de inseguridad que atraviesa el país.
Dicha iniciativa surgió luego del asesinato de un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ocurrido, el miércoles anterior, en una emboscada en Tirrases de Curridabat. El incidente generó reclamos de diputados, autoridades judiciales y empresarios debido a la falta de inversión en seguridad.
Este jueves, luego del mediodía, el presidente Chaves volvió a reiterar en un video que grabó junto con el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el llamado a los congresistas para que aprobaran los proyectos del Ejecutivo. “Es hora de que el Congreso le dé al país las herramientas para luchar contra el flagelo que estamos viviendo”, señaló.
Sin embargo, los diputados optaron por aprobar cuatro de los siete proyectos que dispensaron de trámites el lunes pasado. Se trata de iniciativas presentadas tanto por los actuales congresistas como por sus antecesores. Este es el detalle:
Levantamiento de cadáveres
Un total de 39 diputados, incluidos miembros de la bancada de Gobierno, aprobaron en primer debate el expediente 22.651 del exdiputado liberacionista Gustavo Viales, que busca agilizar el proceso de levantamiento de cadáveres en casos de muertes violentas o sospecha de delitos culposos.
Dicha iniciativa establece que si el levantamiento se realiza en lugares públicos o áreas abiertas al público, la Policía Judicial podrá llevar a cabo la inspección y el levantamiento del cuerpo, junto con peritajes para determinar la causa y la forma de la muerte, sin necesidad de la presencia de otras autoridades.
Los resultados se comunicarán a la autoridad judicial en un plazo máximo de 24 horas. En casos de muertes intencionales o en lugares de acceso restringido, el juez ordenará y ejecutará la diligencia, a menos que delegue esta responsabilidad al OIJ.
Castigo por bloqueo de señales
También con 39 votos a favor, se dio el visto bueno al expediente 22.590 del exlegislador liberacionista Jorge Fonseca, que propone penas de prisión que van de uno a seis años para quienes, con fines ilícitos, fabriquen, comercialicen, instalen u operen dispositivos destinados a interferir o bloquear las señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imágenes.
Vehículos sin rotulación
Otra iniciativa aprobada en primer debate, también con 39 diputados a favor, es el expediente 22.588, también presentado por Fonseca. Este plan busca fortalecer las áreas de seguridad e investigación de las instituciones estatales para combatir el fraude, la corrupción y otros delitos que afecten los recursos públicos.
Para lograrlo, se propone ampliar la excepción que permite que los vehículos utilizados en estas tareas no requieran rotulación.
Exoneración del IVA al OIJ
Un cuarto expediente, el 23.372 del actual legislador de Liberación Nacional (PLN), Danny Vargas, exime al OIJ del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para sus funciones.
Fue aprobado con 36 votos a favor, incluidos los de las oficialistas Ada Acuña y Luz Mary Alpíza. En contra votaron cinco legisladores de gobierno, entre ellos la jefa de bancada, Pilar Cisneros, quien alega que esta medida reducirá los ingresos del Ministerio de Hacienda.
Tres planes pendientes
Entre los otros tres expedientes que fueron eximidos de trámites para agilizar su discusión figura el 21.643. Este necesitó de una extensión de su plazo cuatrienal, ya que su vigencia original expira el 7 de octubre.
El plan contempla la creación del Centro de Capacitación del OIJ que estará directamente subordinado a la Dirección General. Su principal función será proponer y ejecutar planes y políticas de capacitación a nivel nacional e internacional para el OIJ.
Además, el futuro del expediente 25.519 presentado por la socialcristiana María Marta Carballo, será discutido en una mesa de trabajo integrada por los líderes de las fracciones y la comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico.
Esta propuesta busca revocar la libertad condicional para aquellos condenados que reincidan en delitos dolosos, ya sea que cometan la falta en flagrancia o durante una investigación judicial.
También se discutirá en esa mesa el expediente 23.737, también de Carballo, que propone otorgar la libertad condicional a los condenados por homicidio simple o calificado, violación y abuso sexual, entre otros delitos, cuando hayan cumplido dos terceras partes de la pena impuesta en sentencia ejecutoria, en lugar de la mitad, como establece la norma actualmente.
Gloria Navas, vicepresidenta del Congreso, manifestó que estas dos últimas reformas planteadas por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) son delicadas, porque son parte de un conjunto de normas sobre ejecución de penas que buscan la resocialización de condenados.