Los diputados aprobaron anoche en su trámite de primer debate el Proyecto de Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico.
La iniciativa establece el consumo humano como el uso prioritario del recurso hídrico y también crea una Dirección Nacional del Agua (DINA), adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) como entidad directora en la materia relativa al agua.
El plan, que se votó a las 10:40 p. m., tuvo el respaldo de 41 diputados, mientras que cuatro votaron en contra.
Además de establecer la DINA, se reparte la rectoría del sector hídrico entre el Minae, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) y el Ministerio de Salud, con la figura del Presidente de la República como mediador en caso de conflictos.
Derecho humano. Ante la imposibilidad de establecer el derecho humano de acceso al agua en la Constitución Política, los diputados incluyeron esa declaración en la Ley de Recurso Hídrico.
Con eso, se plantea como un derecho fundamental e indispensable el acceso al agua en todo el país y la protección de las fuentes, sin que se afecte el uso del líquido por parte del sector productivo.
El plan de ley es el segundo proyecto de iniciativa popular, o sea que tuvo el apoyo de las firmas del 5% del padrón nacional (más de 150.000 costarricenses). Antes, esta misma Asamblea aprobó la Ley de Vida Silvestre por esa misma vía, normativa que prohibió la caza deportiva en el país.
Dudas. Entre las dudas que tuvieron que solucionar los diputados, estaba el problema del uso no consuntivo, que obliga a quien usa fuentes de agua a devolver el recurso “con poca alteración”.
Además, se permitió que cuando un proyecto inmobiliario explora y usa una fuente de agua, pueda mantener su concesión solo hasta que una entidad pública brinde el servicio público en la zona.
En la negociación para resolver los diferendos estuvieron Carmen Muñoz y Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana (PAC); José María Villalta, del Frente Amplio; el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, y el presidente de la Comisión de Ambiente, el liberacionista Alfonso Pérez.
Más tarde se unió a la discusión la ministra de Agricultura, Gloria Abraham, como enlace con los sectores productivos preocupados por las implicaciones de la iniciativa.
Entre ellos estuvieron el sector ganadero de carne y leche, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cooperativa Dos Pinos y la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC).
“El agua no será privatizada. Esta ley crea una institucionalidad moderna”, dijo Alfonso Pérez.
José Roberto Rodríguez, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que la iniciativa socializa el derecho humano de acceso al agua. “Con esto ya nos podemos ir tranquilos”, aseguró. Tras su votación, el presidente legislativo, Luis Fernando Mendoza, ordenó la publicación del nuevo texto.