Los diputados aprobarían un impuesto al valor agregado (IVA) con una serie de descuentos y exoneraciones para ciertos sectores, tal como lo establece el texto sustitutivo presentado en una moción, la semana anterior.
Así se refleja en la propuesta de un nuevo contenido para el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que cuenta con el apoyo de siete de los nueve miembros de la Comisión de Reforma Fiscal.
La iniciativa fue presentada el miércoles pasado y, establece, por ejemplo, que la maquinaria y el equipo agrícola, los reencauches y las llantas para maquinaria estarán exentos de pagar el IVA del 13%.
Además, se fijó la misma exoneración para los libros en todos sus formatos, que en la propuesta original del Gobierno se gravarían con una tasa diferenciada de un 4%.
En cuanto a los servicios que tendrán descuento en el pago del impuesto sobre el valor agregado está la seguridad privada residencial.
En el texto base del proyecto, se incluyeron dichos servicios como uno de los que tributarían un 13%; sin embargo, en la propuesta de consenso se establece que cancelen un 4%.
Por otra parte, se crea una nueva tasa diferenciada, de un 2%, a la compra de empaques y embalajes, así como la materia prima para producirlos.
Esa tarifa diferenciada también se aplicará a las primas de seguros personales, de riesgos del trabajo, los agropecuarios y los de viviendas de interés social.
Tal como lo solicitaron los empresarios, se dejaría un descuento en la tasa del IVA, que solo los dejaría cancelando un 2%, a varios servicios utilizados en la producción.
Entre ellos, están los de productos agropecuarios, agroindustriales, acuicultura y pesca no deportiva, de siembra, cosecha, recolección, fumigación, fertilización, control mecánico y químico de malezas, transporte, clasificación de productos y arrendamiento de terrenos.
De igual forma, se pondría la tarifa de dos puntos al acopio, almacentamiento, comercialización y servicios en la producción agropecuaria, agroindustrial, acuícola y de pesca.
El argumento de los empresarios es que al gravar todos esos insumos empleados en la producción de bienes de la canasta básica, el productor tendría que asumir el costo y no podría trasladárselo al consumidor.
De acuerdo con Johnny Leiva, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que preside la comisión fiscal, el texto propuesto servirá de base para el análisis.
Con esto, el socialcristiano afirma que la discusión está abierta y, que esa versión, a pesar de tener consenso, no está cerrada, sino que estaría propensa a cambios, no solo en esta etapa de mociones en el panel legislativo, sino también con las enmiendas de fondo que se presenten en el plenario.
“Se buscó tratar de incluir observaciones en varios temas, en aras de tener un texto base para arrancar la discusión”, dijo Leiva, quien agregó que el espíritu del proyecto es mantener un cobro diferenciado en salud, educación y seguridad privadas.
“Esos sectores nos dan la base de nuestra sociedad”, alegó.
En cuanto a mantener exonerados los insumos para la producción de bienes de la canasta básica, Leiva trató de desmarcarse del reclamo empresarial.
Apuntó que la idea es proteger el costo de vida para las familias más humildes, porque dijo que al tener que asumir un costo de esa producción, los empresarios, de una u otra forma, se lo terminarían trasladando al consumidor.
“Se mantiene el principio básico de darle un autocontrol al impuesto de valor agregado y darle trazabilidad a las transacciones comerciales”, explicó.
La propuesta, que llegó en el expediente 20.580, transforma el actual impuesto general sobre las ventas en un IVA, que se cobre prácticamente a todos los bienes y servicios dados en el país.
A criterio del viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, el acuerdo entre los partidos “es perfectible”.
“Se estaría observando con apertura y seriedad la dinámica en la comisión y los debates y criterios que allí se conozcan”, dijo Mora.
No obstante, el viceministro resaltó la voluntad política con que inicia el foro fiscal y la “conciencia generalizada de que la solución del problema fiscal no puede postergarse más”.
Mora cree que hay entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas, de que se tiene que trabajar con criterios técnicos, no solo para la modernización tributaria y el fortalecimiento de la recaudación, sino también para los asuntos sobre gasto público.
Aunque las modificaciones en renta son mínimas, la propuesta de nuevo texto busca que las entidades financieras paguen renta de forma global, o sea, que se cobre sobre el total de las ganancias que se obtengan.
En el capítulo referido a los salarios públicos, los principales menciones que hace la moción de texto sustitutivo son de ajustes de forma y aclaraciones.
Por ejemplo, se trata de aclarar que son los empleados públicos los encargados de solicitar a su jefe inmediato la prórroga de un contrato de dedicación exclusiva.
La nueva redacción también dejaría claro que ese plus solo lo tendrían las personas nombradas en puestos que tengan como requisito un grado académico profesional.
Otra de las aclaraciones es para determinar que los jefes deben fundamentar cuando otorguen las calificaciones de desempeño de sus subalternos y, que, en caso de comprobarse desviación de poder, deberán asumir la responsabilidad civil.
De las mociones presentadas, esta sería la que tiene consenso para convertirse en el nuevo texto base y, según Leiva, tocaría a partir de ahora y por las próximas semanas consensuar las demás propuestas.
En los dos días de mociones, aparte de las de consenso, el Frente Amplio propuso 105 modificaciones al proyecto para el fortalecimiento de las finanzas públicas y el libertario Otto Guevara presentó cerca de 1.300 mociones, que principalmente responden a propuestas de los empresarios privados.