Los diputados ampliarían las funciones de las reservas de la Fuerza Pública si prospera una iniciativa de ley que plantea darle carácter permanente a los reservistas y que, además de atender situaciones de emergencias, se sumen a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Así lo plantea un proyecto de ley del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Jorge Fonseca, que se encuentra en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
La redacción del proyecto reformaría el artículo 43 (entes el 39) de la Ley General de Policía 7410 de 1944, que creó la Reserva de las Fuerzas de Policía.
La reserva es un recurso humano ad honorem que, de forma temporal o transitoria, puede auxiliar a las fuerzas de Policía ordinarias en estados de emergencia o en situaciones excepcionales. La convocatoria y organización, de acuerdo con la legislación actual, recae en la figura del presidente de la República, aunque están subordinadas al ministro de Seguridad Pública.
La propuesta de Fonseca, en primera instancia, delega en el ministro de Seguridad la convocatoria y organización, en vez del mandatario. Añade que, como cuerpo auxiliar extraordinario con carácter ad honorem para atender situaciones de emergencia, la convocatoria y organización será de forma permanente para atender lugares con mayores índices de criminalidad.
La integración de reservistas será de acuerdo con perfiles, aptitudes y competencias que “puedan servir de manera coadyuvante en el ámbito de los cuerpos policiales del país”, dice el texto.
La reserva de los cuerpos de Policía, como grupo auxiliar de personas voluntarias que ejercerán un trabajo de seguridad ad honorem, se nutre de personas que ya fueron miembros de otros cuerpos policiales, como de Fuerza Pública, de Fronteras y otras.
“Como reservistas tendrán las mismas obligaciones específicas y, además, el deber de ajustarse a los principios de actuación policial definidos en esta Ley (de Policía) y sus reglamentos”, explica la página web del Ministerio de Seguridad.
La ampliación de sus potestades, justificó el diputado Fonseca, se debe a que “hay una criminalidad en aumento y estamos en una competencia desigual”.
“Las fuerzas de Seguridad Pública está en una competencia desigual, donde el crimen organizado se equipa no solo de armas, sino de tecnología, bienes inmueble, compra conciencia”, señaló.
Para integrar la reserva, añadió, no calificaría todas las personas, “sino aquellas que cumplan con perfil determinado que puedan coadyuvar en la lucha contra el crimen organizado, desde tener conocimientos básicos de cómo enfrentar la lucha contra el narcotráfico, labores de inteligencia hasta participar en operativos o redadas en contra del narco”, explicó Fonseca.
“Puede ser, por ejemplo, un funcionario pensionado del OIJ (Organismo de Investigación Judicial) que se quede de reserva. Puede capacitar a la reserva en la lucha en contra del crimen organizado”, añadió el legislador.
Fonseca puso de ejemplo a la actual diputada independiente Zoila Rosa Volio, quien forma parte de la reserva de la Fuerza Pública.
“Cuenta con el perfil idóneo. Tiene mucha capacitación en el tema del narcotráfico, conoce el tema de la clandestinidad de pistas en aterrizaje, conoce mucho de inteligencia y sabe cómo se mueven los grupos de narcotraficantes”, sostuvo Fonseca.
El legislador aseguró que la ampliación de potestades a la reserva no implicaría mayor inversión económica. No aumentarían las remuneraciones, dado que son personas ad honorem, al tiempo que trabajarían con los recursos existentes, en este caso, en el Ministerio de Seguridad, manifestó el diputado.
La iniciativa aún no ha sido dictaminada. Se encuentra en en lugar 11 de la Comisión de seguridad y Narcotráfico.
Postura del abogado del Estado
La Procuraduría General de la República (PGR), en una opinión jurídica enviada a los diputados el 18 de marzo, concluyó que la Reserva de las Fuerzas de Policía es un cuerpo policial de configuración estrictamente legislativa, “por lo que está en manos del legislador definir lo relativo a su organización y funcionamiento, siempre que esa definición respete las disposiciones constitucionales relacionadas con la materia”.
De igual modo, se encuentra dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador otorgarle carácter permanente y que, además de situaciones de emergencia, pueda actuar situaciones normales, con el objetivo de brindar seguridad en los lugares con mayores índices de criminalidad del país.
“La iniciativa de ley, por sus alcances, podría generar discusión en torno a la oportunidad y conveniencia de los cambios propuestos, sobre todo, si se toma en cuenta que los integrantes de ese cuerpo policial siguen siendo “ad honorem”; sin embargo, esta Procuraduría, como órgano técnico jurídico que es, no podría entrar a evaluar esos aspectos, pues esa es una tarea que compete a la Asamblea Legislativa”, según la PGR.