Las fracciones legislativas pretenden precisar la redacción de una norma introducida por los diputados en el proyecto de Presupuesto Nacional del 2024 de manera que se garanticen ahorros hasta de ¢28.000 millones por el congelamiento de plazas vacantes en ministerios y entidades desconcentradas.
La denominada Norma 10, diseñada por los legisladores para congelar las plazas vacantes creadas antes del 1.° de enero del 2024, ha despertado preocupaciones en el Congreso debido a posibles interpretaciones erróneas que puedan surgir por la forma como está escrita en la actualidad.
En específico, los congresistas consideran que una excepción relacionada con el Título I de la Carrera Administrativa podría malinterpretarse, liberando todas las vacantes bajo este título en lugar de limitar la excepción a las plazas de carrera administrativa docente.
La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), advierte de que si todas las vacantes bajo el Título I se liberan se perderían entre ¢15.000 millones y ¢28.000 millones solo en el 2024, socavando así la intención original de los legisladores.
El cuestionamiento principal se enfoca en la posibilidad de que la norma, tal como está redactada, contravenga sus propios objetivos al permitir contrataciones en todos los ministerios y órganos desconcentrados, y no solo en el ámbito docente como se pretendía.
La idea original de dicha disposición para el año próximo era permitir la asignación de recursos para la compra y mantenimiento de equipo policial si las plazas vacantes no se utilizan antes del 30 de junio de 2024.
Las fracciones ahora buscan abrir el plenario legislativo a comisión para aprobar una moción de ajuste durante la discusión del proyecto de presupuesto del próximo año.
Aunque hay consenso entre algunos partidos, algunas bancadas consideran presentar más mociones para modificar el plan de gastos.
Por ejemplo, el Partido Liberal Progresista (PLP) pretende aprovechar el espacio para reiterar mociones que fueron rechazadas en la comisión de Asuntos Hacendarios.
Dicha agrupación propuso el traslado de ¢38.300 millones presupuestados para convertir a Costa Rica en miembro pleno del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), hacia la lucha contra la violencia.
La diputada Johana Obando, del PLP, insiste en discutir y votar las mociones de su partido, mientras Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), advierte sobre el riesgo de abrir la puerta a más iniciativas y votaciones.