Los diputados aprobaron este jueves, en primer debate, una reforma que permite acelerar el mecanismo para que el Servicio Nacional de Guardacostas pueda disponer de las embarcaciones declaradas en decomiso o abandono.
Se trata de una modificación al artículo 36 de la Ley de creación del Servicio Nacional de Guardacostas, que pretende resolver algunas falencias dejadas por la anterior reforma del 2018, la cual pretendía el buen aprovechamiento de las embarcaciones y otros bienes incautados al crimen organizado.
Por una parte, ahora se abre la posibilidad de donar bienes a la mayor cantidad de organizaciones jurídicas y sociales posibles, al eliminar la frase “idoneidad para administrar fondos públicos” que antes impedía esa donación.
De esta forma, pequeñas organizaciones comunales podrán acceder a equipos de este tipo, siempre y cuando no sean de utilidad para el Servicio Nacional de Guardacostas.
Además, la iniciativa aprobada propone que los bienes procedentes de hallazgos y los que no tengan antecedentes delictivos puedan disponerse por medio de la publicación de un edicto, el cual garantice a terceros de buena fe exigir sus derechos sobre ese tipo de bienes.
Según la exposición de motivos del expediente 23.608, se busca obtener un beneficio social indudable, en el sentido de que los bienes usados para el crimen organizado, que originalmente afectaron a la sociedad, puedan ser redireccionados a personas menos favorecidas.
“Al mismo tiempo, el Servicio Nacional de Guardacostas puede disponer jurídicamente de bienes de naturaleza naval, cuyo resguardo y mantenimiento significan una carga económica para esa policía, sin obtener beneficio alguno”, destaca la iniciativa.
Este es el primero de una serie de proyectos de ley que se tramitan en el Congreso, relacionados con diferentes aspectos del manejo de la seguridad ciudadana, tanto en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, como en el plenario legislativo.
La aprobación de la iniciativa se logró luego de que, horas antes, los jefes de las fracciones legislativas se empezaron a poner de acuerdo en los plazos para tramitar los planes que están listos para someter a votación.
Beneficio para comunidades
La diputada frenteamplista Priscilla Vindas apuntó que el proyecto no solo podrá beneficiar a comunidades costeras, sino también a aquellas establecidas cerca de ríos o que han sido afectadas por el flagelo del narcotráfico.
“Las costas son una de las regiones más afectadas por el narco y este proyecto permite devolverles algo, incluso a organizaciones comunales”, puntualizó Vindas.
Carlos Felipe García, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), destacó la muestra del trabajo serio que puede realizar la Asamblea Legislativa y la posibilidad de generar acuerdos entre las seis fracciones políticas representadas en el plenario.
García invitó a los congresistas a mantener una línea de trabajo fuerte y consensuada en las dos semanas de trabajo que le quedan al Congreso este año, y asumir las responsabilidades “ante la ausencia de liderazgo de algunos actores políticos”.
El acuerdo alcanzado por los jefes de fracción también consolidó el consenso para avanzar, el próximo martes, con otras iniciativas sobre seguridad ciudadana en el plenario y la posibilidad de realizar varias sesiones por las mañanas para conocer esta agenda.
Para ese martes, se acordó darle prioridad a dos proyectos. Uno es el expediente 23.519, que propone revocar la libertad condicional al condenado que sea arrestado mientras esté disfrutando el beneficio.
El otro expediente (23.737) consiste en una reforma a la legislación sobre el cumplimiento de la pena para obtención del beneficio de libertad condicional.