Los diputados reclaman a este gobierno falta de interés en la agenda de proyectos sobre derechos humanos, luego de que el Poder Ejecutivo no convocó un solo expediente relativo a esta materia en las pasadas sesiones extraordinarias del Congreso.
Montserrat Ruiz, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, indicó que el Poder Ejecutivo no ha convocado planes durante las tres sesiones extraordinarias que lleva la administración Chaves Robles en 2022, que suman nueve meses (de mayo a julio del 2022, de noviembre del 2022 a enero del 2023 y de mayo a julio del 2023).
“Esto responde al poco interés que tiene el gobierno en materia de derechos humanos, en temas sociales”, alegó Ruiz.
La verdiblanca explicó que, en el inicio del último periodo, los diputados de la comisión enviaron a la ministra de la presidencia, Natalia Díaz, una lista de proyectos que consideraban tenían apoyo, pero no obtuvieron ninguna respuesta por parte del gobierno.
Entre los proyectos que solicitaron los diputados estaban los siguientes:
-Reforma para permitir la igualdad en la inscripción de apellidos
-Plan de ley de protección social a las personas en situación de calle y migrantes en tránsito
-Proyecto de ley sobre los derechos de la salud reproductiva
-Reforma para garantizar la protección a las personas defensoras de los derechos humanos.
Al ser consultada, Díaz indicó que en Presidencia no se recibió ningún oficio por parte de la Comisión de Derechos Humanos. Además, la ministra agregó que la prioridad en las pasadas sesiones extraordinarias fue el debate sobre la iniciativa de jornadas laborales excepcionales.
Según consta en los correos a los que La Nación tuvo acceso, el correo fue enviado por parte Servicios Técnicos de la Asamblea a un correo mal escrito, por lo que no llegó a la ministra.
El correo fue copiado, entre otros congresistas, al diputado oficialista Alexander Barrantes; no obstante, este alegó, el pasado 20 de julio, en la comisión de Derechos Humanos, que no le llegó ningún correo de convocatoria, pero se retractó en esa misma sesión.
Monserrat Ruíz indicó que el error demuestra el poco interés que posee la Presidencia en materia de derechos humanos, ya que el oficio también fue leído en comisión y consta en actas del órgano legislativo, pero nunca recibieron consultas del gobierno para coordinar una agenda.
En las sesiones extraordinarias, el gobierno es el encargado de llevar la agenda de la Asamblea Legislativa, por lo que debe convocar tanto los proyectos de ley que deben ser trabajados en comisiones como los expedientes listos para pasar a plenario.
Si el Ejecutivo no envía proyectos mediante las convocatorias, los congresistas no poseen expedientes que trabajar.
“No tienen una agenda fortalecida, no tienen una agenda realmente integrada en materia de derechos humanos, en materia de niñez y adolescencia, de muchísimas poblaciones vulnerables que hoy están muy necesitadas de apoyo, no solo del Estado sino en materia de ley”, lamentó la presidenta del órgano legislativo.
La molestia por la falta de agenda en esta materia es compartida por los demás legisladores que integran esa comisión.
Rosalía Brown, secretaria del órgano y legisladora del Partido Nueva República (PNR), confirmó la necesidad de que el gobierno afine la agenda de derechos humanos, especialmente ante el aumento de casos en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
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“Pese a la existencia de proyectos urgentes de discusión, efectivamente, durante las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo no convocó proyectos de la Comisión de Derechos Humanos y nos enfocamos en realizar control político”, aseveró Brown.
Por su parte, Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio (FA), confirmó los integrantes enviaron una nota de proyectos de amplio apoyo, “por si hubiera algún temor del gobierno de algún proyecto de que, por falta de consenso, eso fuera a obstaculizar, pero este no es el caso y ni así se nos convocó.
“Si a esto se suman otros elementos que han dado sobre temas de democracia, libertad de prensa, discursos de odio, vulnerabilidad de las personas LGTBIQ en Costa Rica, nos preocupa, porque no vemos que la agenda de derechos humanos sea prioridad para este gobierno”, manifestó Ortega.
Melina Ajoy, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), comentó que en las pasadas sesiones extraordinarias, el interés por parte del Poder Ejecutivo se enfocó en sacar el proyecto de jornadas laborales excepcionales que actualmente se encuentra en el plenario y desatendió el llamado de la Comisión de Derechos Humanos.
“La comisión envió una solicitud por escrito al Poder Ejecutivo para que se convocaran proyectos y poner a funcionar la comisión; lamentablemente no se logró ninguna convocatoria por lo que la dinámica de la comisión fueron las audiencias.
“Entiendo el interés de avanzar con jornadas excepcionales, sin embargo, hay temas trascendentales que también deben discutirse a fondo en una comisión tan importante como lo es Derechos Humanos”, lamentó la socialcristiana.