Cinco diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Públicos aprobaron, este jueves, la apertura de una investigación política con base en una denuncia anónima y sin pruebas en contra del presidente, Carlos Alvarado; el ministro de enlace con el sector privado, André Garnier; y el presidente del Incop, Juan Ramón Rivera.

La investigación fue propuesta por el fabricista Jonathan Prendas.

Aparte de Prendas, apoyaron la propuesta Franggi Nicolás y Yorleny León, de Liberación Nacional (PLN); Shirley Díaz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

En contra de abrir la investigación votaron el liberacionista Carlos Ricardo Benavides y Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

La comisión legislativa hará indagaciones a partir de una denuncia anónima, presentada en diciembre del 2019 ante la Fiscalía General, según la cual, en el Poder Ejecutivo, se fraguó una red que cobra sobornos a cambio de otorgar concesiones de obras públicas.

El denunciante asegura que, en algún momento en el futuro, el Gobierno va a rechazar una propuesta de una empresa de Emiratos Árabes Unidos, de nombre Dubai Ports World, la cual propuso invertir en la modernización del puerto de Caldera.

El anónimo alega que, en lugar de aceptar la oferta emiratí, el Ejecutivo aceptará ampliar el contrato de concesión de Sociedad Portuaria de Caldera SPC S. A., actual concesionaria del muelle.

No obstante, la empresa Dubai Ports World desistió de su oferta, el 6 de abril de este año, a causa de la crisis mundial y de la indefinición del marco legal.

Como pruebas del supuesto futuro crimen, el anónimo solamente aportó seis enlaces públicos de artículos periodísticos, publicados en distintos medios de comunicación, sobre el interés de Emiratos Árabes en invertir en Puntarenas.

Para abrir la investigación, los diputados argumentaron que la denuncia fue publicada en medios como Diario Extra y apunta el “presunto soborno”.

También, alega Prendas, los promotores de la investigación están “conscientes de la investigación judicial en curso y a su vez del compromiso y deber del Congreso de realizar investigaciones de control político para el óptimo manejo de los recursos públicos”.

Choque en Comisión de Gasto

Antes de aprobar la moción, hubo choques de palabras entre Franggi Nicolás y Carlos Ricardo Benavides, en los que aparecieron Jonathan Prendas, Luis Ramón Carranza y Yorleny León.

Benavides adujo que no puede avalar que se parta de una denuncia que “luce calumniosa sobre las personas, incluyendo al presidente, sin aportar un solo elemento de prueba, un solo indicio, fecha, nada”.

Dijo que la denuncia le parece irrisoria y claramente impulsada por alguien que tiene un interés económico directo sobre los asuntos en Caldera.

El expresidente legislativo calificó la denuncia como carente de seriedad, pero Nicolás alegó que “por algo la Fiscalía le dio curso”.

“Más allá de esa denuncia anónima, a mi poder -y estoy segura que en poder de varios diputados- ha llegado documentación sobre acuerdos de junta directiva y un protocolo aprobado donde Incop (Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico) se comprometía prácticamente en términos de exclusividad con la SPC”, dijo.

Añadió que, en esos documentos, se da a entender un compromiso de privilegio con la SPC y que hay una intención de que sea esa Sociedad a la que se le dé esa obra pública, que debería ser licitada en función de oportunidad, eficiencia, economía.

Carranza alegó que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público no puede pretender convertirse en el aire acondicionado del país, que nadie escucha por estar investigando temas con base en algo que “era un chisme”, sin fuentes documentales.

“Quieren llamar al presidente de la República y hay un montón de gente que quiere hacerlo, hasta para saber por qué el carro de los helados no llegó”, dijo.

Alegó que sí considera prudente llamar a las autoridades inmediatas para que expliquen todo lo relacionado con la concesión de la obra, pero no porque a alguien se le antojó decir que, detrás de un supuesto caso de sobornos, estaba el presidente.

“Esto hace que la Comisión de Gasto Público vaya perdiendo credibilidad y se convierta en un aire acondicionado que nadie escucha”, dijo el oficialista.

En tanto, Prendas criticó esa opinión de Carranza y dijo que eso era no tener respeto a la transparencia, la democracia y la rendición de cuentas.

El fabricista adujo que su intención no es que Carlos Alvarado comparezca de primero y alegó que, si en el camino se ve innecesaria esa audiencia, no vendría.

“Las informaciones que tenemos hacen que no se descarte”, dijo Prendas.

León adujo que votó a favor de la investigación, pero no a partir de la génesis de la moción, o sea, no a raíz de la denuncia anónima y sin pruebas.

Alegó que su razón es que el proceso para la concesión de Caldera tiene que ser eminentemente técnico y no político, pues dijo que desde hace un año las respuestas a preguntas suyas le empezaron a generar dudas sobre ese carácter técnico.

Añadió que la figura del protocolo aprobado por el Incop no corresponde a ninguna norma establecida por la Ley de Concesiones y prefiere tener certeza de que el proceso de concesión se apegue a la legislación.