El diputado Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), impulsa una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones con la que pretende crear cuatro medidas para combatir una nueva modalidad delictiva conocida como “secuestros virtuales”.
La iniciativa surge luego de que un primo del congresista sufriera un intento de extorsión bajo esa modalidad, por parte de falsos secuestradores que pretendían cobrar un rescate de $5.000 a él y a allegados suyos.
La víctima fue citada a una finca en Guanacaste y, mientras transitaba por un sitio solitario, recibió la llamada de una persona que se identificó como miembro del cartel Jalisco Nueva Generación y la retuvo bajo la amenaza de que estaba a la vista de un francotirador.
En realidad, los estafadores no se encontraban en el sitio y aprovecharon que el hombre abrió un enlace que le enviaron para hackear su teléfono y acceder a los números de contacto para llamar a sus allegados, entre ellos el diputado, para pedirles dinero.
El proyecto ingresó a la corriente legislativa bajo el número de expediente 24.170. Propone modificar los artículos 49 y 67 de la Ley General de Telecomunicaciones, así como la adición de los artículos 43 bis y 43 ter en esa misma norma.
La iniciativa pretende dar acceso a las autoridades judiciales a los registros de información administrados por los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público.
En específico, incluye entre las obligaciones de los operadores y proveedores la de cumplir con celeridad las órdenes judiciales que les sean notificadas, así como una sanción por su incumplimiento.
Vargas sostuvo que esta información permitirá a las autoridades judiciales responder mejor en investigaciones relacionadas con delitos como homicidios, secuestros, delitos sexuales y ciberdelincuencia.
Por otra parte, el texto autorizaría al Ministerio Público a solicitar datos de tráfico nacional e internacional, registros de localización y geolocalización, direcciones de protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés) y otros relacionados con usuarios finales y servicios.
La intención es que esa solicitud de datos se pueda hacer en tiempo real. El Ministerio Público sería facultado a delegar en entidades como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la potestad de solicitar dichos datos, siempre bajo supervisión de la Fiscalía.
“Los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán almacenar la información en sus servidores por un plazo de tres años desde la fecha en que fueron generados”, establece la reforma.
En caso de que los operadores y proveedores no tengan la tecnología para suministrar esa información, se les concedería un plazo de un año para hacer las modificaciones necesarias en sus sistemas informáticos.
La iniciativa también impone a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) la responsabilidad de velar porque los operadores y proveedores cumplan con lo establecido en la iniciativa legal.
Finalmente, crearía una comisión interinstitucional, coordinada por la Fiscalía, con representantes del OIJ, Sutel y los diferentes operadores de redes y proveedores de telecomunicaciones, para que trabaje en la mejora de las investigaciones judiciales.
La propuesta fue construida en el seno de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Colegio de Abogados, y en su presentación estuvo el director del OIJ, Randall Zúñiga.
Zúñiga manifestó que la iniciativa del legislador Vargas también podría convertirse en una herramienta para hacerle frente a otros delitos, aparte del llamado secuestro virtual.
“En un falso secuestro virtual, los delincuentes utilizan una metodología en la cual usan tecnología de punta para fingir una situación que no está ocurriendo. Para la policía es muy importante ubicar ese teléfono que está generando la llamada falsa e inhabilitarla”, indicó.