Pedro Muñoz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que el interrogatorio al presidente Carlos Alvarado por el caso de la UPAD “es un juicio político”, aunque esta figura que no está contemplada dentro de la Constitución Política.
“Este es un juicio político, en efecto, no es un juicio legal”, indicó Muñoz en su intervención este miércoles, en el plenario legislativo, durante la comparecencia de Alvarado.
La diputada Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), le pidió a la congresista liberacionista Silvia Hernández, presidenta de la comisión investigadora, llamarle la atención a Muñoz por utilizar dicho término.
“Hasta donde yo entiendo, esto es una investigación, un expediente en una comisión y no hay figura alguna de juicio político, mucho menos contra el presidente, en el reglamento legislativo”, expuso Vega.
Hernández respondió que ella no puede controlar las manifestaciones de los demás diputados. Después, afirmó que la sesión es solo una audiencia de una comisión legislativa.
En su defensa, Muñoz dijo que “simplemente estaba poniendo en contexto” la audiencia en desarrollo.
Más adelante, la legisladora oficialista Carolina Hidalgo señaló que los diputados tienen la potestad de realizar control político, pero que la figura de “juicio político” no existe en Costa Rica.
“La discusión ha estado orientada a dos elementos: a arrogarse una facultad que no le compete a esta institución, como es la legalidad o no de un decreto, eso está en el Poder Judicial (...); y, además, se ha verbalizado con total claridad en esta comisión, por parte de quienes tienen malas intenciones, juicio político es un elemento que no existe en nuestra Constitución Política”.
“Sin embargo, el deseo y las ansias de hacer de esto un espacio para el que no hay facultad constitucional ha sido reiterado”, dijo Hidalgo.
Pedro Muñoz insistió en que el proceso en el Congreso es “efectivamente un juicio político”.
“Esto es control político, control político en su máxima expresión, donde vamos a emitir un juicio, un juicio que no es legal (...). Es parte del derecho constitucional, parte del derecho parlamentario y esta es una comisión investigadora que emitirá una resolución” agregó el diputado Muñoz.
Según Muñoz, este “juicio político” lo que se busca es saber si la UPAD accedió a datos sensibles de los habitantes, si contó con autorización legal para ello y si la información recibió un adecuado manejo.
“De eso es lo que estamos hablando aquí, no nos enredemos”, agregó el socialcristiano tras replicar que estaban frente a un juicio político.
Según la Constitución, el único poder con potestad para emitir juicios y resoluciones judiciales, es el Poder Judicial. La Asamblea solamente puede emitir un informe final de su investigación.
La mañana de este miércoles, antes de que los diputados iniciaran la ronda de preguntas, el mandatario Alvarado insistió que la interpelación se salía de los limites establecidos constitucionalmente para la separación de poderes.
La comisión investigadora de la UPAD fue creada en marzo del 2020, luego de que el decreto para la creación de la unidad analítica fuera derogado por el Gobierno.